Miles de mujeres peruanas que llevan décadas buscando justicia recibieron un nuevo revés. La Fiscalía de Perú ordenó archivar la investigación sobre las esterilizaciones forzadas denunciadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, una decisión que provocó indignación entre víctimas y organizaciones que las acompañan.
La investigación incluía los casos de más de 4.000 mujeres. El archivo se produjo por la aplicación de una controvertida ley de amnistía impulsada por Fuerza Popular, partido encabezado por Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente.
Mujeres llevan décadas buscando justicia
Las esterilizaciones se realizaron dentro de una política de control demográfico desarrollada durante la década de 1990. De acuerdo con información recogida por BBC News Mundo, más de 314.000 mujeres y 24.000 hombres fueron esterilizados durante aquellos años.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que las principales afectadas fueron mujeres indígenas y habitantes de comunidades con altos niveles de pobreza. Víctimas han denunciado durante años haber enfrentado presiones, amenazas, engaños o falta de información antes de las intervenciones.
Margarita Rojas relató que tenía 18 años cuando fue sometida a una intervención después del nacimiento de su segunda hija. Según su testimonio, trabajadores sanitarios presionaban a mujeres de su comunidad para evitar nuevos embarazos.
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El archivo deja preguntas sobre las víctimas
El caso también incluye denuncias sobre mujeres que murieron después de las intervenciones. Entre ellas se encuentra Celia Ramos Durand, cuyo caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y derivó en una condena contra el Estado peruano.
Para las asociaciones de víctimas, el archivo representa un nuevo obstáculo después de décadas de procedimientos judiciales. Mujeres como Rojas continúan reclamando reconocimiento y responsabilidades por lo ocurrido.
La decisión no borra los testimonios ni las consecuencias que muchas mujeres aseguran haber enfrentado durante años. También mantiene abierto un debate social sobre el acceso a la justicia, los derechos reproductivos y la protección de comunidades históricamente vulnerables.
