Sentenciaron a dos años de prisión a, José Luis Gutiérrez y Cesar Hernández, dos indígenas tseltales por participar en una marcha en 2020 en contra de la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en Chiapas.
El mensaje es muy claro: no quieren protestas de ningún tipo.
¡No a la militarización!
José Luis Gutiérrez y Cesar Hernández son parte de una organización regional llamada Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevipe) que está en contra de la militarización y ha señalado el desplazamiento forzado de sus vecinos, así como la construcción de una supercarretera entre San Cristóbal de las Casas y Palenque.
Gutiérrez y Hernández se manifestaron de manera pacífica en contra de la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en Chilón, el ejido al que ambos indígenas pertenecen.
”César y José Luis pertenecen al Ejido San Jerónimo, parte de Chilón, que es donde se iba a construir el cuartel. Y ellos decidieron protestar, junto a otros ejidatarios, porque ni siquiera les habían consultado como ejido. La protesta fue en la carretera que comunica con Ocosingo. Fue algo pacífico y entonces, de manera arbitraria, la policía estatal les detienen a ellos dos“, se lee EL PAÍS.
Ivette Galván que es parte del equipo jurídico que apoya a la comunidad explicó que la zona tiene un índice de criminalidad muy bajo y por ello no se justifica la presencia de una institución de corte militar.
Además, las autoridades no se comunicaron con la población de manera adecuada
Los jueces acusaron a los dos hombres «de un delito de motín»; sin embargo, la Fiscalía no probó que de ninguna manera que hubieran cometido dicho acto.
«Para vecinos de Chilón y algunas de sus comunidades, la llegada del complejo a su territorio se veía con malos ojos. Como el propio Gutiérrez explicó a la periodista Orsetta Bellani el año pasado, su llegada traería problemas como ejecuciones y todo tipo de violencias en contra de la población local, alcoholismo, drogadicción y prostitución”, explica Pablo Ferri.
La marcha en contra del cuartel sucedió el 15 de octubre de 2020, y según cuenta el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), los policías actuaron de manera muy cruda y Gutiérrez y Hernández quedaron en custodia; los mantuvieron incomunicados durante cinco días, los torturaron y quitaron dinero.
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