Josina Z. Machel convirtió una experiencia de violencia extrema en una causa colectiva. La activista mozambiqueña perdió la visión del ojo derecho después de ser agredida por su entonces pareja en octubre de 2015, un caso que continúa esperando una respuesta definitiva de la justicia.
El responsable fue condenado en 2017, pero una corte de apelaciones revocó la sentencia tres años después. El tribunal consideró que no había testigos presenciales de la agresión, pese a que Machel ha señalado que la violencia de pareja suele ocurrir precisamente dentro de espacios privados.
Desde entonces, la defensora ha utilizado su voz para denunciar la impunidad, las fallas de los sistemas judiciales y las condiciones que obligan a numerosas mujeres a convivir con sus agresores. Para ella, la violencia machista representa una guerra cotidiana contra las mujeres.
La impunidad también prolonga la violencia
Machel presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Mozambique, pero asegura que el procedimiento lleva años sin una resolución. Esta demora, sostiene, envía el mensaje de que las agresiones pueden quedar sin consecuencias y deja a las sobrevivientes en una posición de desprotección.
Su experiencia también muestra las dificultades que enfrentan las víctimas cuando deciden hablar. Una sentencia emitida en 2021 le impide mencionar públicamente el nombre de su agresor, limitación que considera una nueva forma de silenciar su historia.
Aunque reconoce que actualmente existe una conversación más abierta sobre la violencia de género, advierte que las mujeres todavía modifican su ropa, sus recorridos y sus horarios para sentirse seguras. El problema no se limita a las calles, pues para muchas el hogar continúa siendo el espacio de mayor riesgo.
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Espacios seguros amenazados por falta de recursos
Machel fundó el Movimiento Kuhluka, una organización que trabaja con sobrevivientes en Mozambique y Sudáfrica. Su labor incluye acompañamiento, orientación sobre derechos y espacios comunitarios donde las mujeres pueden compartir experiencias y comenzar procesos de recuperación.
Sin embargo, la reducción del financiamiento internacional ha obligado a suspender algunos programas. Entre las acciones afectadas se encuentran espacios seguros para mujeres rurales y la distribución de artículos esenciales e información para sobrevivientes de agresiones.
La activista sostiene que la respuesta no debe limitarse a recomendar que las mujeres salgan acompañadas o eviten ciertos lugares. La responsabilidad central corresponde a las instituciones, que deben prevenir la violencia, proteger a las víctimas y actuar oportunamente contra los agresores.
