México no destina suficiente presupuesto para la atención de la salud. En 2023, el gasto público en salud, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), será de 2.9%, cifra que dista mucho del 6% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además del desafío que representa este bajo financiamiento, el sistema de salud se encuentra fragmentado en diversos subsistemas que otorgan niveles de atención diferenciados, lo que genera un acceso desigual, informó Fundar México en un artículo publicado el pasado 24 de octubre.
En “Desafíos para garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres” analizamos los recursos que se asignan para financiar los tres programas de SSyR dirigidos a más de 34 millones de mujeres sin empleo formal, que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y que acceden a los servicios de salud para población abierta, así como la transparencia y rendición de cuentas acerca de ellos.
Aunque ha habido avances normativos y de política pública, en nuestro país, aún hay muchos desafíos para que las mujeres tengan plenamente garantizados sus derechos sexuales y reproductivos, refiere.
A continuación, se muestran algunos indicadores que así lo evidencian en la investigación:
Carencias por ingreso y salud
En 2022, 36.9% de las mujeres en México -equivalente a 24.1 millones- vivía en situación de pobreza (Coneval, 2022). Además, en ese mismo año, 38.7% de las mujeres -equivalente a 25.2 millones de éstas, no tenían acceso a los servicios de salud (Enigh 2022).
Salud materna
La Razón de Muerte Materna (RMM) se define como el número de mujeres que fallecen por cada 100 mil nacimientos. En 2020 y 2021, la RMM nacional fue de 39.8 y 46.6 mujeres (OMM, 2021). Esta cifra se mantiene mucho más alta en regiones con mayor pobreza y población indígena, en particular en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
En 2020, el promedio de RMM en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fue de sólo 22 mujeres y los países con la tasa más baja, como Noruega o Polonia, registran sólo 2 (Banco Mundial, 2020).
Violencia y violencia obstétrica
El 70.1 % de las mujeres de 15 años y más en México ha experimentado violencia al menos una vez en su vida. El tipo de violencia de mayor prevalencia fue la violencia psicológica (51.6 %), luego la sexual (49.7 %), la física (34.7%) y la económica, patrimonial o discriminatoria (27.4%) (Inegi).
En términos de violencia obstétrica, 33.4% de las mujeres que tuvieron un parto o cesárea entre 2016 y 2021.
El cálculo de afiliación a servicios de salud y carencia de éstos por sexo se hizo utilizando la Enigh 2022.
La situación de la SSYR de las mujeres en México reportó haber recibido maltrato en la atención obstétrica durante la cesárea y 29.6 % en el parto.
A 23.7% de las que tuvieron cesárea y 16.9% de las que tuvieron parto se les practicaron tratamientos médicos sin su autorización, lo que es una grave violación a su autonomía y a sus derechos sexuales y reproductivos (Inegi).
Planificación familiar y anticoncepción
En 2018, 27.4% del embarazo adolescente no fue planeado y obedecía a un deficiente acceso a información sexual y métodos anticonceptivos (Conapo 2020).
Años después, es alarmante comprobar que prevalece el embarazo en niñas, lo que constituye una grave forma de violencia y una omisión del Estado en la garantía de sus derechos: en 2021, se presentaron 111, 172 nacimientos de madres entre 10 y 17 años al momento del nacimiento (Inegi).
Aborto seguro
En México, existe la Norma Oficial Mexicana (nom-046) para la detección y atención de los distintos tipos de violencia contra las mujeres por el personal de salud de todos los subsistemas públicos y privados, que permite -entre otras cosas- que en las 32 entidades las niñas, adolescentes y mujeres reciban anticoncepción de emergencia o puedan realizarse un aborto seguro cuando existió violencia sexual.
Además, 12 estados permiten la interrupción voluntaria y legal del embarazo hasta determinado número de semanas. A pesar de estos avances, los servicios de salud tienden a negar este derecho por falta de capacitación o bajo argumentos de objeción de conciencia, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado sentencias para proteger estos derechos.
Por otro lado, las mujeres siguen siendo criminalizadas por ejercer su derecho a decidir: entre 2015 y 2021, 3,719 mujeres fueron acusadas del delito de aborto en México (Olvera, 2021).
“Frente a la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) de 2024, es urgente que el Poder Legislativo tome en cuenta tanto los dictámenes de las distintas comisiones parlamentarias (salud, género, niñez, etc.) como las demandas de la sociedad civil y profesionales de la salud respecto a la necesidad de aumentar el presupuesto actual del Programa de SMSyR, lo que permitiría recuperar algunos de los indicadores de SSyR y mejorar progresivamente el ejercicio de los derechos de las mujeres, advierte Fundar.
“Se propone que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2024, la asignación de recursos al Programa de SMSyR recupere al menos los niveles de 2019, año en que tuvo los recursos más altos en el periodo 2018-2023”.
En materia legislativa, el centro de investigación y análisis, también recomienda al Congreso de la Unión pronunciarse en contra de las adecuaciones a la baja del Ejecutivo para garantizar la irreductibilidad del presupuesto que aprobó para los programas que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, tal como señala la Ley.
Por último, Fundar asegura que es fundamental evitar los subejercicios y fomentar la transparencia.
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