En la presente administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se intensificó el traslado de personas privadas de la libertad de penales estatales a ocho penales privados, previos contratos, publica Animal Político.
Porque fue AMLO, dice AP, quien dio la orden de revisar los contratos de los ocho Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos) privados, que calificó de “leoninos” por ser “muy favorables para las empresas y muy malos para la hacienda pública, para el pueblo”.
En 22 de abril de 2021, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez festejaba las modificaciones a los contratos de las ocho prisiones privadas que hay en México, lo que permitiría ahorrar más de 41 mil millones de pesos.
Se trataba de los contratos que fueron firmados en la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, entre el entonces secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, y particulares, para la construcción y operación de ocho penales.
Pero desde que se renegociaron los contratos, señala el artículo de AP, el Gobierno de López Obrador intensificó el traslado de personas privadas de la libertad (PPL) de penales estatales a penales federales, incluidos los ocho privados, con el pretexto de “mantener la gobernabilidad de los centros penitenciarios del país”.
Datos oficiales revelaron que desde 2019 a enero de 2023 se efectuaron 8 mil 740 traslados de personas privadas de la libertad de centros estatales a centros federales y un total de mil 686 se concentraron en siete de los penales privados.
Se trató de 717 para el Cefereso 12 Guanajuato; 437 para el 11 Sonora; 249 para el 18 Coahuila; 149 para el 16 Femenil Morelos; 101 para el 15 Chiapas; 24 para el 17 Michoacán y nueve para el 13 Oaxaca.
Desagregado por fecha se evidencia que el número de traslados se disparó precisamente a raíz de las modificaciones a los contratos de los 8 penales privados a mediados de 2021.
En 2019 se registraron 339 traslados a estas cárceles, en 2020 bajó a 97, en 2021 apenas subió a 146, pero para el 2022 llegaron a mil 104, un aumento del 935% en solo dos años, cifra que sigue en aumento.
En un comunicado publicado el 2 de junio pasado, la SSPC informó que, de enero de 2023 al 15 de mayo pasado, habían sido trasladadas otras mil 32 personas de centros penales estatales a federales y para justificarlo señaló que tenían un “alto perfil delincuencial”, sumando un total de nueve mil 830 personas en lo que va del sexenio.
“Los traslados tuvieron como destino principal los Centros Federales de Readaptación Social (CPS): 15 de Chiapas, 18 de Coahuila y 13 de Oaxaca”, se puede leer en el documento. Los tres son penales privados.
Las autoridades realizaron los traslados sin seguir el protocolo y concentrando gran parte de los traslados en los mismos penales privados criticados por el gobierno federal, que concentran recomendaciones y quejas sin resolver ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
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