El 29 de septiembre de 2022, en el que más de 400 mujeres privadas de la libertad sufrieron una fuerte intoxicación dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 16, mejor conocido entre las reclusas como “el cementerio de las vivas”.
Salvador Leyva, exsecretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) esa vez pensó que iba a haber muertes porque el 75% de la población penitenciaria del penal presentó también un fuerte cuadro de diarrea aguda, acompañada de dolor abdominal, escalofríos y vómito.
El hecho tuvo que pasar para exhibir graves violaciones a Derechos Humanos, porque la intoxicación ocurrió apenas dos días después de que el gobierno federal decidió trasladar, sin previo aviso y de manera irregular, a un grupo de mujeres que estaban en diversos centros penitenciarios estatales de Sonora para llevarlas al “CPS Femenil de Morelos”, separándolas más de dos mil kilómetros de sus hermanas, madres, hijas e hijos, abuelas, familiares y abogados.
Pero este traslado no fue un caso aislado, forma parte de una estrategia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que, bajo el pretexto de seguir el principio de “austeridad republicana”, busca llenar las ocho cárceles privadas que hay en el país y que acumulan observaciones por violaciones graves a derechos humanos de las personas privadas de su libertad, publica Animal Político.
El turbio negocio de las prisiones privadas en México, creado en la administración del expresidente Felipe Calderón y el exsecretario de seguridad pública Genaro García Luna, y fuertemente criticado por el presidente López Obrador, sigue vigente hoy en día.
Cómo pasaron los hechos de intoxicación
La mañana del lunes 26 de septiembre de 2022, Karla, Jazmín, Flor, Carina, Diana, Fernanda y Ana -nombres ficticios para cuidar las identidades de las víctimas-, entre otras mujeres, se encontraban trabajando dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, Sonora, cuando unas custodias les informaron que las llevarían a una “revisión médica”.
La orden, según les dijeron, provino de Ramón Colorado, director del Cereso desde septiembre del 2015, quien ya las esperaba afuera del pabellón del penal rodeado de “personas uniformadas”.
En ese momento, las mujeres se dieron cuenta de que la “revisión médica” era una mentira, pues las empezaron a subir a un camión sin darles a conocer a dónde las trasladarían, ni mucho menos la oportunidad de hablarle a algún familiar o abogado para informar que serían cambiadas de centro penitenciario.
Datos recabados por la organización CEA Justicia Social, que ha documentado graves violaciones a derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en el Cefereso 16, señalan que de enero a julio de este año la administración de López Obrador trasladó a más de dos mil 846 personas privadas de su libertad, mismas que se suman a las 8 mil 740 personas que fueron trasladas de 2019 a 2022, según datos del propio gobierno.
Ese lugar está a 70 kilómetros de distancia de Cuernavaca, Morelos, en el municipio de Coatlán del Río, se levanta en medio de un terreno inhóspito el gran complejo penitenciario del Centro Federal de Readaptación Social Número 16, mejor conocido como “CPS Femenil Morelos”.
Mujeres alejadas de sus familiares
Testimonios de las familias de las mujeres trasladadas al Cefereso 16, a los que tuvo acceso Animal Político, así lo demuestran: “No es justo para todos nosotros no poderla ver porque tendríamos que vender lo poco que tenemos para recabar el dinero para un viaje”.
El día de la intoxicación
El 29 de septiembre de 2022, varias mujeres dentro del Cefereso 16 se acercaron al personal del penal para señalarles que se encontraban enfermas del estómago, con dolor en todo el cuerpo y fiebre.
Acusaron que la comida había sido la causa de sus malestares, por lo que solicitaron atención médica urgente, pero las autoridades del penal les negaron el servicio. Ni siquiera había médicos en el lugar.
Entre las personas afectadas se encontraba una mujer trasladada desde el Cereso 1 de Hermosillo. Así lo señaló uno de sus familiares en una de las cartas enviadas al gobernador Durazo: “cuando mi hermana llegó al Cefereso 16 se enfermó, tenía mucho dolor de estómago y cabeza, y dice que no la miró ningún doctor hasta que pasó una semana y ella seguía igual. Después le hicieron un estudio y salió que tenía una bacteria en el estómago”.
Mientras esto ocurría adentro del penal, más de 20 defensoras y defensores públicos del IFDP se disponían a entrar al lugar cuando bajó el director jurídico del reclusorio para decirles a los funcionarios que no tenía sentido que entraran, pues aseguró que había algunas mujeres que “se sentían mal” y por la misma razón “no iban a salir de sus estancias”.
La Secretaría Técnica estaba esa mañana ahí porque, mientras el gobierno ponía en marcha su estrategia para “depurar” los centros penitenciarios estatales del país, el IFDP presentó ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un caso colectivo para defender a 22 mujeres privadas de libertad en el Cefereso 16 con problemas de salud graves o no atendidos y que llevaban entre 4 y 12 años encerradas bajo la figura de prisión preventiva.
El recurso fue admitido y de resultar positivo se convertirá en el primer caso contra México de mujeres privadas de libertad resuelto por la ONU.
Con información de Animal Político
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