Desde 2006, México registra un aumento sostenido en la desaparición de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, especialmente en el rango de 19 a 29 años, alertó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Lejos de ser hechos aislados, estos casos forman parte de una crisis estructural que combina violencia, desigualdad y ausencia de políticas efectivas de prevención.
Las cifras más recientes confirman la gravedad del problema. Tan solo en 2025, en el Estado de México se iniciaron 5 mil 661 reportes de desaparición, de los cuales mil 824 seguían vigentes al 5 de enero de 2026, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Detrás de cada número hay una familia que busca, espera y exige respuestas.
Las desapariciones no tienen una sola causa
La Redim subraya que las desapariciones de infancias y juventudes no responden a un solo factor, sino a una combinación de condiciones que se cruzan y se refuerzan entre sí. Entre ellas destacan la pobreza, la desigualdad, la violencia familiar, el reclutamiento por parte del crimen organizado y la trata de personas.
Estas violencias afectan de forma diferenciada a niñas, adolescentes y jóvenes, quienes enfrentan mayores riesgos de explotación y captación, especialmente en contextos donde el Estado no garantiza protección ni redes de apoyo. La falta de políticas integrales deja a miles de personas en una situación de vulnerabilidad permanente.
Vacaciones: periodos de mayor riesgo
Uno de los puntos que más preocupa a la Redim es que los periodos vacacionales concentran un mayor número de desapariciones. Durante estas etapas, las rutinas cambian, hay menor supervisión institucional y aumenta la exposición a situaciones de riesgo, particularmente en entidades como el Estado de México.
Este patrón evidencia la urgencia de estrategias de prevención específicas, así como de campañas de información y acompañamiento dirigidas a familias, escuelas y comunidades.
Una crisis que exige respuestas urgentes
Hablar de desapariciones no es solo hablar de estadísticas. Es hablar de derechos vulnerados, de búsquedas que no terminan y de una deuda histórica con las infancias y juventudes. Mientras no se atiendan las causas estructurales y no se fortalezcan los mecanismos de protección, la lista de personas desaparecidas seguirá creciendo.
Nombrar esta realidad es un paso necesario para exigir prevención, búsqueda efectiva y justicia.
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