La mañana del 25 de noviembre (25N) arrancó con un anuncio desde Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, revelaron los avances del Plan Integral contra el Abuso Sexual. La estrategia amplía la definición del delito, coloca el consentimiento como eje y ordena iniciar investigaciones incluso sin denuncia.
El mensaje llegó semanas después de que Sheinbaum contara que sufrió abuso sexual en el Centro Histórico. Ese episodio, ocurrido a inicios de noviembre, aceleró la reforma del artículo 260 del Código Penal Federal. El cambio detalla qué actos constituyen abuso sexual y define con claridad cuándo no existe consentimiento. Aun así, varios mecanismos operativos, como las medidas reeducativas, siguen sin una ruta concreta. Con este plan, el gobierno busca homologar el delito en todo el país.
La coincidencia entre hechos y discursos saltó a la vista. El gobierno presentó su estrategia justo antes de la movilización del 25N, donde miles de mujeres marcharon a unos metros del lugar donde ocurrió la agresión contra la presidenta. Las manifestaciones recordaron que las reformas legales suelen avanzar más rápido que las respuestas institucionales que esperan las víctimas.
Horas después, mientras la narrativa oficial seguía en los medios, las calles mostraron otra realidad. “No llegamos todas”, repetían los carteles. La frase chocó con el “Llegamos todas” del discurso de triunfo de Sheinbaum y tomó un sentido contundente: no llegan todas porque muchas han sido asesinadas, desaparecidas o silenciadas por un sistema que aún no garantiza justicia.
Movilizaciones diversas y tensiones en la marcha
La marcha del 25N no avanzó como un solo bloque. En la Ciudad de México, distintos contingentes arrancaron desde varios puntos. El grupo de mujeres con discapacidad, convocado por FemiDisca a las dos de la tarde, fue el primero en reunirse en El Caballito. Otros contingentes iniciaron después, siguiendo el llamado en Reforma y Avenida Juárez.
Desde temprano, FemiDisca organizó la logística. Sillas de ruedas, asistentes personales, banderas moradas y apoyos marcaron su presencia. Mildred, Jen y otras mujeres con discapacidad marchan juntas desde hace años porque, dicen, la violencia también se manifiesta en la falta de accesibilidad, en trámites imposibles y en instituciones que minimizan sus denuncias. Su participación cuestiona quién puede usar el espacio público sin riesgo y quién queda fuera.
A mitad del recorrido surgió la primera tensión. Madres de víctimas de feminicidio les pidieron ceder el frente. Argumentaron que FemiDisca avanzaba lento y no llegaría más allá de Plaza Palestina. Nada de eso ocurrió. El contingente mantuvo el ritmo y llegó completo al Zócalo. Aun así, cedieron el frente y avanzaron bajo una consigna clara: “Nada sin nosotras, con nosotras”.
Sobre Avenida Juárez, las consignas señalaron violencias que aún esperan respuesta institucional. Una de ellas fue la violencia vicaria, que usa a hijas e hijos como castigo hacia las madres y que sigue sin un camino claro dentro de las fiscalías.
En Bellas Artes, la marcha se detuvo por unos minutos. Varias colectivas instalaron un tendedero de denuncias. En segundos, las pinzas sostuvieron hojas con relatos de agresiones y carpetas abandonadas. Leer incluso una historia resultaba inevitable. Cada hoja mostraba un sistema que exige denunciar, pero que suele fallar desde el primer contacto.
Cifras que sostienen la indignación
Con motivo del 25N, la CEPAL presentó cifras nuevas. En 2024 se registraron 852 feminicidios en México, uno cada diez horas. La tasa llegó a 1.3 asesinatos por razones de género por cada 100 mil mujeres. Además, aunque ese año murieron 3,739 mujeres, solo 22.8% de los casos se clasificaron como feminicidios. Esa brecha evidencia la dificultad institucional para reconocer esta violencia.
Frente a la Antimonumenta, una manta con la frase “México feminicida” marcó un momento de silencio. La cifra que la acompaña —11 mujeres asesinadas al día— volvió a recorrer la marcha como un recordatorio de la urgencia que sostiene cada paso.
Entre los carteles, Nayeli Morales cargaba una lona con la imagen del agresor de su hija. “Mi hija fue abusada por un exfuncionario del DIF y lo han dejado libre”, dijo. Varias mujeres se acercaron a escucharla. Su voz, firme pese al dolor, rompió por segundos el bullicio.
Unos metros adelante, una mujer avanzaba sola con una cartulina firme entre las manos. Marchaba, dijo, porque “ya no alcanza con la indignación”. No quiso relatar la primera vez que sufrió acoso. Guardó silencio. Ese silencio pesó más que muchas consignas.
El recorrido continuó entre batucadas, grupos contra la violencia vicaria, mujeres buscadoras y contingentes sindicales. Cada grupo avanzó con sus urgencias, duelos y ausencias.
Críticas desde el Zócalo
Al llegar al Zócalo, las diferencias entre colectivos se hicieron más visibles. La Coordinación 8M denunció la violencia estructural del país y cuestionó la estrategia federal. Señalaron que el plan contra el abuso sexual parecía diseñado “para unas cuantas”, para “las mujeres con poder”, y no para quienes enfrentan la impunidad desde abajo.
Qué propone el Plan Integral contra el Abuso Sexual
Durante la conferencia matutina, Citlalli Hernández detalló el plan. El eje central es la modificación del artículo 260 del Código Penal Federal. La propuesta define de forma clara actos como tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas, ya sea en espacios públicos o privados.
El plan coloca el consentimiento como pieza clave. Explica que no existe consentimiento cuando la voluntad queda anulada por violencia, intimidación, engaño, amenazas o situaciones de vulnerabilidad.
Las penas van de tres a siete años de prisión, más multas de 200 a 500 UMAs. El plan también incluye talleres reeducativos con perspectiva de género y servicio comunitario. El delito se perseguirá de oficio y las sanciones aumentarán cuando exista violencia, participación de varias personas, una relación de confianza o una agresión cometida por una persona servidora pública.
Hasta ahora, la iniciativa ya llegó a 22 entidades. Un estado la turnó a comisiones y otras diez la presentaron ese mismo día. Antes, solo 26 estados contemplaban este delito.
El plan también busca homologar el feminicidio. Actualmente, cada estado maneja definiciones distintas, lo que complica el acceso a la justicia.
Otros cambios previstos
El gobierno federal quiere tipificar la violencia ácida y química. También busca armonizar leyes como la Ley Monzón, Ley Olimpia, Ley Sabina, Ley Ingrid y la Ley de Violencia Vicaria. Además, plantea prohibir la violencia obstétrica.
El plan incluye cursos de capacitación para fiscalías y materiales para la ciudadanía. También lanzó un sitio web para monitorear el cumplimiento, donde se podrán consultar estadísticas, protocolos y procesos de capacitación.
Finalmente, Hernández presentó una campaña de concientización dirigida sobre todo a hombres. El lema oficial dice: “El acoso y abuso sexual no es normal, es violencia. Denuncia”. Sin embargo, organizaciones feministas señalaron que estos mensajes siguen colocando la carga del proceso en las víctimas.
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