En una región marcada por la desigualdad en el acceso a la tecnología y la justicia, el colectivo Defensoras Digitales Michoacán se ha consolidado como un actor clave en la defensa de los derechos digitales de las mujeres. Su labor combina prevención, alfabetización tecnológica y acompañamiento legal con perspectiva de género.
Ahora, se preparan para un paso inédito: desarrollar el primer protocolo intercultural para acompañar a mujeres indígenas víctimas de violencia digital en una comunidad purépecha de Michoacán.
La colectiva nació en 2017, inspirada por el activismo de Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia, que tipifica la violencia digital en México. En Michoacán, las reformas se aprobaron en 2019 y se publicaron en 2020, gracias al impulso de activistas que visibilizaron un problema hasta entonces ignorado en el estado.
Entre sus integrantes destacan Claudia Boyso y Johanna Jannet Balderas. Claudia, abogada, se especializa en prevención de violencia digital mediante talleres dirigidos a funcionariado y estudiantes. Johanna, también abogada e ingeniera en Tecnologías de la Información, promueve la inclusión de mujeres en el ámbito tecnológico y en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
“Así como nuestros padres nos enseñaron a no hablar con extraños, hoy debemos educar a niñas y mujeres para cuidar su información en línea”, explica Balderas. “Nuestros talleres buscan que las mujeres usen internet sin miedo, con autonomía y conciencia digital”.
Johanna ha identificado barreras estructurales que dificultan el acceso de las mujeres a carreras tecnológicas: estereotipos de género desde la infancia, el síndrome de la impostora y la falta de representación femenina en espacios técnicos. “En mi carrera no tuve ni una sola maestra ingeniera”, recuerda.
Esa falta de representación también se refleja en el mundo digital. Al interactuar con herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Balderas notó que la información sobre comunidades indígenas era genérica o imprecisa.
“La tecnología reproduce los sesgos de quienes la crean y termina invisibilizando a quienes no están representados en ella”, señala.
De una charla comunitaria a un protocolo pionero
El nuevo proyecto del colectivo surgió tras una invitación de Teresa, presidenta del Consejo Comunal de Angahuán, una comunidad indígena de Uruapan. Las convocó para ofrecer una charla sobre violencia digital a mujeres de la zona. De ese encuentro nació una idea más ambiciosa.
“Con Tere nos conocemos desde el activismo de mujeres jóvenes”, cuenta Boyso. “Ella veía de cerca la violencia que viven las mujeres en el ámbito político y las niñas en las escuelas. La idea inicial era hacer mensajes de perifoneo —como se comunican muchas comunidades— para hablar sobre violencia. Luego decidimos ir más allá”.
Hoy, el proyecto avanza hacia la creación de un protocolo intercultural de atención a víctimas de violencia digital, en colaboración con el Centro Libre de Angahuán, una política pública que acerca la justicia a comunidades sin fiscalías.
“El plan es capacitarlas para que sean ellas mismas quienes acompañen a las víctimas”, explica Boyso. “Les damos formación en prevención, ciberseguridad, acompañamiento legal con perspectiva intercultural y contención psicológica. Ellas ya son abogadas y conocen las necesidades de su comunidad; nosotras complementamos con experiencia en violencia digital”.
Tecnología con raíces comunitarias
El protocolo se basa en un modelo previo del colectivo y se adaptará a la realidad cultural y lingüística de Angahuán. Su objetivo es identificar espacios seguros y personas de confianza dentro de la comunidad que puedan brindar acompañamiento a víctimas, respetando sus formas locales de organización.
“Queremos que este proyecto sea el primer paso para que las mujeres en comunidades indígenas se reconozcan como sujetas de derechos digitales”, afirma Balderas. “Angahuán es el inicio. La meta es replicarlo en otras comunidades del estado”.
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