La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) enfrenta una crisis sin precedentes tras la presunta violación de una estudiante de la Facultad de Derecho, ocurrida el 17 de octubre dentro del campus. Y no es para menos.
La agresión involucró a tres alumnos y un hombre externo, provocando indignación y movilizaciones masivas en la capital potosina. El caso señala a estudiantes con cargos en la Federación Universitaria Potosina (FUP) y presuntos vínculos con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). La víctima, de tercer semestre, habría sido agredida en los baños de la facultad o en las oficinas de la FUP, espacios destinados a dirigentes estudiantiles.
Se denuncia que la joven, además, había alertado sobre consumo de alcohol y drogas en el edificio, sin que se tomaran medidas. Mientras que uno de los implicados, Santiago “N”, secretario general de la Coordinación Estatal de Jóvenes Morena, habría recibido apoyo del diputado local Cuauhtli Badillo Moreno, lo que disparó acusaciones de protección política. (Morena aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso).
Protestas y paro estudiantil: la calle como aula
Tras los hechos, los estudiantes estallaron en protesta. Decenas marcharon hacia la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, bloqueando avenidas principales como Salvador Nava y Venustiano Carranza. Portaban pancartas con consignas: “Ni una más”, “Justicia para ella” y “UASLP violador”.
Al movimiento se sumaron alumnos de Criminología, Contaduría, Administración, Psicología y Economía, convirtiendo la protesta en un llamado conjunto contra la impunidad. “Esto pasa todos los días y la universidad lo calla”, declaró una estudiante, mientras otra agregaba: “Si siguen protegiendo a los líderes, seguiremos en paro”.
La presión social llevó a la destitución de la titular de la Defensoría de Derechos Universitarios, Magdalena González Vega, y a la renuncia del director de Derecho, Germán Federico Pedroza Gaitán. Sin embargo, los manifestantes denuncian que no se han iniciado procesos penales contra los implicados.
Exigencias y protocolos universitarios en la UASLP
Colectivos feministas y estudiantes exigieron que la UASLP implemente protocolos claros y efectivos para prevenir y sancionar la violencia sexual. En redes sociales, los hashtags #UASLPViolador, #JusticiaParaElla y #NiUnaMás concentran denuncias de acoso y agresión dentro del campus.
La indignación creció cuando se recordó que días antes, alumnas de la Facultad de Economía protestaron por seguridad y omisiones frente al acoso. La comunidad académica exige transparencia en la investigación y sanciones ejemplares para los responsables.
La universidad anunció la expulsión de dos estudiantes implicados y la designación de Olivia Salazar Flores como nueva titular de la Defensoría de Derechos Universitarios. Además, se implementarán jornadas de capacitación en derechos humanos y perspectiva de género.
Unidad estudiantil histórica
El movimiento no se limita a Derecho. Todas las facultades se unieron en un paro sin precedentes, tomando planteles y bloqueando vías como Venustiano Carranza, Reforma y el Distribuidor Benito Juárez. Los estudiantes denuncian la violencia estructural y la complicidad de autoridades: “Hoy la clase es en la calle, estamos enseñando dignidad”, afirmaron.
Estudiantes de distintas carreras coordinaron logística y apoyo: entrega de alimentos, cobijas y agua para quienes permanecen en planteles como símbolo de resistencia. La solidaridad de transeúntes y ciudadanos se convirtió en un motor del movimiento, reflejando la empatía frente a la injusticia.
Posicionamiento de la FUP y diálogo con autoridades
La presidenta de la FUP, Daniela Jonguitud Torres, fijó postura pública: su organización no encubre a nadie y respalda las medidas adoptadas por la universidad. Además, señaló que los implicados no formaban parte de su equipo directo, aunque reafirmó su compromiso con las y los estudiantes.
La FUP trabaja en un pliego petitorio unificado, recogiendo demandas de todas las facultades, que incluyen acompañamiento integral para víctimas, garantías de no represalias y capacitación obligatoria en perspectiva de género para personal académico y administrativo.
Transparencia y compromiso institucional
Durante la toma de las instalaciones, autoridades de la UASLP establecieron mesas de diálogo con representantes estudiantiles. La abogada general, Urenda Queletzú Navarro, reconoció la falta de capacitación del personal sobre protocolos de violencia de género.
Por su parte, Karla Pantoja Banda, titular del Órgano Interno de Control, destacó la necesidad de campañas permanentes de sensibilización y la creación de la Unidad de Integridad y Ética, enfocada en la prevención y respeto a derechos humanos.
La universidad también colabora activamente con la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, compartiendo registros de cámaras y documentación relacionada con los hechos.
Movimiento como símbolo de acción colectiva
Las estudiantes y estudiantes mantienen el paro indefinido, exigiendo justicia no solo para la víctima de Derecho, sino para todas las afectadas en otras facultades. Señalan que la violencia y el hostigamiento han sido sistemáticos y tolerados durante años.
“No vamos a soltar ninguna facultad hasta que el rector Alejandro Zermeño Guerra se presente y dé respuestas claras”, afirmaron los manifestantes. La toma del Edificio Central se convirtió en el acto simbólico de resistencia, demostrando que la denuncia y la acción colectiva pueden desafiar estructuras de impunidad.
Reflexión y acción
El caso de la UASLP no solo revela vulnerabilidades dentro de la universidad, sino también la capacidad de la comunidad estudiantil para organizarse, exigir justicia y transformar la cultura institucional. Esta movilización histórica pone en el centro la necesidad de protocolos efectivos, transparencia y respeto absoluto a los derechos de quienes forman parte de la universidad.
La protesta en San Luis Potosí evidencia que la acción colectiva es una herramienta poderosa para visibilizar problemas estructurales, generar cambios reales y garantizar que ningún acto de violencia quede impune.
La UASLP se enfrenta a un momento decisivo: la presión de estudiantes, colectivos feministas y la sociedad exige que la universidad se transforme en un espacio seguro. La movilización estudiantil demuestra que denuncia, solidaridad y acción colectiva pueden abrir camino hacia la justicia y la prevención de la violencia de género.
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