En una rueda de prensa junto a Benjamín Netanyahu -sobre quien pesa orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y de lesa humanidad-, Trump ha planteado que Estados Unidos debería tomar el control de la Franja de Gaza para «reconstruirla».
La propuesta implicaría la deportación forzada de los dos millones de personas que “viven” en Gaza hacia Egipto y Jordania.
«No quiero ser un gracioso ni un listillo, pero la Riviera de Oriente Medio… Esto podría ser maravilloso», declaró Trump en la rueda de prensa celebrada junto a Netanyahu.
Lo que Trump propone no es una solución a la crisis humanitaria en Gaza. Es la culminación de un proceso de desposesión y desplazamiento que lleva décadas en marcha.
Lo que se pretende no es reconstruir el territorio para la población palestina, sino reconstruirlo sin ella. Las personas que viven en Gaza no necesitan una “Riviera” construida sobre sus ruinas, sino recuperar su Territorio, ocupado ilegalmente por Israel desde 1967.
Las declaraciones de Trump dejan en evidencia un hecho innegable: incluso quienes apoyan a Israel reconocen que las condiciones de vida en Gaza son inhumanas.
Y no por accidente, sino por la consecuencia directa del asedio, bombardeos y políticas de ocupación que, según Amnistía Internacional, constituyen un genocidio contra la población palestina.
La destrucción de Gaza responde a una estrategia deliberada que ha convertido el territorio en un lugar inhabitable. Ahora, en lugar de permitir que la población civil reconstruya su hogar, se plantea su deportación forzada, algo que es considerado un crimen de guerra por el derecho internacional humanitario.
El respaldo de Trump a Netanyahu refuerza esta agenda de desposesión. La bienvenida que le ha dado al primer ministro israelí demuestra el desprecio de Estados Unidos por la justicia internacional.
La administración Biden ya había ignorado cualquier esfuerzo de rendición de cuentas por los abusos cometidos, no solo en Gaza, sino en todo el Territorio Palestino Ocupado, y ahora Trump amplifica esa postura al recibir a Netanyahu como el primer líder extranjero que llega a la Casa Blanca tras la inauguración de su segundo mandato.
Según el derecho internacional, Estados Unidos tiene la obligación de buscar, juzgar o extraditar a cualquier persona acusada de haber cometido o dado órdenes de cometer crímenes de guerra.
Sin embargo, en lugar de cumplir con este deber, Washington ha recibido a Netanyahu, dándole legitimidad en el escenario internacional y garantizando la impunidad del primer ministro israelí.
Amnistía Internacional ha advertido que no puede haber “santuarios seguros” para quienes han cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
El papel de Estados Unidos en la crisis no se limita al respaldo político o diplomático. Amnistía Internacional ha documentado en repetidas ocasiones que las fuerzas israelíes están empleando armas de fabricación estadounidense para cometer crímenes de guerra contra la población civil palestina en la Franja de Gaza.
Estas mismas armas han servido para evidenciar que Israel está cometiendo un genocidio contra la población palestina.
Desde Amnistía Internacional hemos denunciado que cualquier intento de rendición de cuentas debe pasar por el cumplimiento de las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional y la búsqueda de justicia en tribunales nacionales.
Sin esto, no habrá consecuencias para quienes son responsables del genocidio en Gaza ni para la continua opresión y desposesión de la que es objeto la población palestina bajo la ocupación ilegal de Israel.
Las declaraciones de Trump han sido respaldadas por Netanyahu y sectores de la ultraderecha israelí, quienes han expresado abiertamente su deseo de que Gaza deje de ser un territorio palestino.
También han encontrado apoyo entre sectores ultraconservadores de Estados Unidos, que ven en Israel un aliado estratégico y consideran que la expulsión de la población palestina es una solución definitiva a un problema que prefieren ignorar.
Sin embargo, esta idea ha sido rechazada de forma contundente por la comunidad internacional.
Países vecinos, como Egipto y Jordania, han manifestado su oposición, pues la deportación de millones de palestinas y palestinos supondría un desastre humanitario y desestabilizaría aún más la región.
La ONU, por su parte, ha reiterado que la expulsión de una población protegida fuera de un territorio ilegalmente ocupado es una violación grave de la Cuarta Convención de Ginebra y del Estatuto de Roma.
La población palestina tiene el derecho legítimo a permanecer en su territorio y a regresar a sus hogares, tal como lo establecen las resoluciones internacionales.
La realidad humanitaria es devastadora. La comunidad internacional debe condenar las declaraciones de Trump y seguir trabajando por el mantenimiento del alto el fuego para acabar con la inestabilidad y violencia.
Más allá, debe garantizar la liberación de rehenes y personas palestinas detenidas, permitir la entrada de ayuda humanitaria y, sobre todo, poner fin a las condiciones deliberadamente impuestas para la destrucción física de la población palestina en Gaza.
La única retirada que se requiere con urgencia en Gaza y en el resto del territorio palestino ocupado es la del ejército israelí. Mientras se siga sosteniendo la ocupación y se continúe enviando armas a Israel, no habrá paz ni justicia para la población palestina.
Es fundamental que la comunidad internacional tome una postura clara ante las violaciones de derechos humanos y actúe para garantizar la protección de la población palestina. La indiferencia ante esta grave situación solo contribuirá a la perpetuación de la injusticia.
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