Ser padre no es una labor fácil. Por lo menos no debería serlo. La guardia de un niño o niña debería de ser compartida desde todos los ángulos de la responsabilidad, involucrando así los gastos, el cuidado, la crianza, entre muchos otros. Sin embargo, lamentablemente, ese no es el mundo en el que vivimos.
Huyendo de la pensión alimenticia
En todo el mundo, (y probablemente mucho más en América Latina) hemos construído una idea de la paternidad de la cual los padres han encontrado una enorme facilidad para deslindarse. Ni las leyes, ni la vergüenza, ni la presión social ni la responsabilidad con sus hijos han sido suficientes para hacerlos comprometerse con su rol como padres.
Es evidente que existen padres sumamente dedicados que hacen un enorme esfuerzo por ser parte de la vida de sus hijos (y a su vez darles la mejor vida que sus posibilidades ofrecen) pero la realidad es que tanto en México como en muchos países de Latinoamérica el rol del padre parece ser uno del que los hombres se pueden fácilmente deslindar sin ninguna consecuencia importante.
En el caso de la pensión alimentaria, para 2023 se estimó que en México alrededor del 70% de los padres no pagaban pensión alimenticia. Incluso en Estados Unidos los datos de 2020-2022 del Data Center KIDS COUNT revelan que solo el 23 % de las familias encabezadas por mujeres en EE. UU. informaron haber recibido algún monto de manutención infantil durante el año anterior (en comparación con el 26 % en 2018-2020).
Así que, aparentemente, a lo largo del espectro de países existe una enorme cantidad de madres haciéndose cargo de sus hijos sin apoyo de los respectivos padres. Y esto no solo se debe a que existen padres irresponsables, sino a que hemos construído una sociedad en la que ejercer la responsabilidad de la paternidad puede parecer, hasta cierto punto, una opción más que una obligación. La paternidad compartida suena como una lista de buenos deseos, ya que en la realidad las mujeres terminan llevándose la parte más dura (si no es que muchas veces la responsabilidad entera).
La manera en la que hemos construído la paternidad no condena a los padres que huyen de su responsabilidad de la misma manera en la que condena a las mujeres por cómo ejercen la maternidad. Incluso cuando el padre se va la culpa muchas veces termina quedando en las mujeres por “haber escogido al hombre equivocado” revictimizándolas incluso en estas circunstancias.
Y esto se ve directamente reflejado en cómo la pensión alimenticia no termina siendo un requisito innegociable para cualquier hombre que es padre biológico de un niño, independientemente si decida ejercer su labor como padre o no.
Incluso los hombres ricos y famosos sirven como una muestra de este comportamiento (Cristian Nodal siendo probablemente uno de los ejemplos más grandes) sobre cómo muchísimos hombres no parecen tomar la pensión alimenticia como un requisito inapelable.
Según la ley en México, la pensión para los hijos puede ser de entre el 20% y 30% de su salario, pero nunca más del 60%. En el caso de Cristian Nodal, la cantidad equivalía a un apoyo mensual de 2 millones 400 mil pesos (mismos que fueron solicitados por la madre, la cantante argentina Cazzu). Sin embargo, Christian Nodal terminó negociando la pensión para su hija y pagar solamente 123 mil pesos mensuales.
Y no se trata de que la cantidad millonaria sea (o no) demasiada para una bebé de 1 año. Sino se trata del respeto a la ley y, lo que es aún más importante, a su responsabilidad en su rol como padre y al valor que le da a la labor de la madre que se está haciendo cargo de su hija mientras él no lo hace.
Y en el caso de Nodal (al igual que lo es de muchos otros padres) no se trataba de que no tuviera el dinero. El valor del anillo de compromiso que le dio a su ahora esposa Ángela Aguilar equivale a 8 años de pensión alimenticia. Simplemente se trata de no ver esta responsabilidad como algo serio que debe respetar a toda costa.
La ley Sabina
En medio de este enorme problema la comunicóloga y activista feminista Diana Luz Vázquez (Oaxaca, 37 años) propuso en 2021 la Ley Sabina para castigar a deudores alimentarios y agresores vicarios, luego de haberlo experimentado durante los primeros años de vida de su hija Sabina. La propuesta ha sido aprobada en algunos Estados, como Baja California, Puebla y Oaxaca. En octubre de 2024 presentó el libro Salvavidas para madres autónomas (Grijalbo, 2024), una especie de guía jurídica en un lenguaje sencillo para mujeres no abogadas.
La Ley Sabina es una propuesta legislativa que tiene como objetivo visibilizar y responsabilizar a aquellos padres que en el ejercicio de su paternidad, han incumplido con sus responsabilidades de manutención para sus hijos e hijas
Las Sabinas es también el nombre con el que se le conoce al colectivo de mujeres que denuncian a deudores alimentarios, y que acompañó a la autora durante la presentación del libro. Ellas también fueron responsables por la creación de los tendederos –una instalación de denuncia intervenida por mujeres contra agresiones machistas– donde se han exhibido a figuras importantes como Luis Miguel o Christian Nodal.
La autora mencionó que en tres años del movimiento de Ley Sabina se ha encontrado con expedientes de más de 10 años en un juzgado. Las exparejas de las mujeres en cuestión tienen ingresos que les permiten dar una pensión alimentaria sin problema, pero el sistema de impunidad les concede justificar, ampararse, contrademandar y seguir violentando a la mamá. Estas mujeres se acercaron con miedo al tendedero, pero vieron que había más resultados al exponerlo.
A través de esta reforma, se establecería la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Este registro será un padrón que permitirá difundir información respecto a quienes mantienen la calidad de deudores alimentarios morosos, es decir, en este se inscribirán a las personas que hayan dejado de cumplir sus obligaciones alimentarias por tres meses de manera consecutiva o por cinco de forma alternada, ordenadas por autoridad competente o por convenio judicial.
Para ello, los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas y de la Ciudad de México, deberán suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar todo la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Esto con apoyo de los sistemas e instrumentos tecnológicos del Sistema Nacional DIF, para que con ellas se integre dicho Registro Nacional.
Así, quienes no cumplan con sus obligaciones alimentarias durante 90 días, aparecerán este registro, el cual será público. A este registro, también tendrán acceso todas las procuradurías de protección de las entidades federativas y de la Ciudad de México.
Es por eso que recursos y leyes como éstos deben ser impulsados con toda la fuerza posible. Porque, en vista de que la tradición y la buena voluntad no obligan a los padres irresponsables a comprometerse con sus hijos, entonces deben existir herramientas legales y sociales que sí lo hagan. Quizá ésta, aunada a una reeducación sobre las responsabilidades de los padres con sus hijos, será la solución que realmente nos lleve a construir una responsabilidad relativamente compartida en la crianza.
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