Desde el año 2006 y hasta 2022, al menos 222 mujeres han sido víctimas de asesinatos y desapariciones en México a manos de policías estatales, agentes federales, soldados y marinos, de las cuales solamente nueve lograron sobrevivir. Un ejemplo de lo anterior es el caso de F.
Lo anterior, quiere decir que integrantes de las corporaciones, al cobijo de la estrategia conocida como “guerra contra el crimen organizado”, ejercen sus funciones con amplia discrecionalidad. Tan amplia, que en ella caben actos criminales, publica Animal Político.
AP revela que las fiscalías de justicia de todo el país, en respuesta a solicitudes de transparencia formuladas como parte de esta investigación, desde 2006 han sido procesados penalmente 51 agentes de fuerzas estatales o federales por los delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres.
Tentativa de feminicidio en Michoacán
Sobre el caso de F. una mujer joven que, en mayo de 2019, encontró una billetera tirada en la calle, afuera de un casino en el estado de Michoacán.
Ante el hallazgo, ella cuenta que su primer impulso fue buscar alguna identificación del propietario para contactarlo y devolvérsela. Y sí, la cartera contenía dos identificaciones en las que aparecía el mismo hombre retratado, aunque con nombres distintos, lo que a la joven le pareció extraño.
Por eso abandonó la idea de regresar la billetera personalmente y, en cambio, se aproximó al policía que cuidaba el acceso al casino para pedirle que la entregara a su dueño en caso de que la requiriera.
Devolver ese artículo de uso personal fue un acto de buena fe, de honestidad, pero un día después, cuando el dueño de la cartera tocó a la puerta de su vivienda, F. comenzó su largo arrepentimiento.
“Me alarmó, ya que desconozco cómo conoció mi domicilio… él me dijo: ‘Soy la persona a la que le dejaste la cartera, ¿te puedo invitar a salir, para agradecerte?’. Yo le dije ‘no, gracias, no me interesa conocerlo’… entonces esa persona dijo que le gustaba mi camioneta y que iba a ser de él, mi camioneta estaba estacionada afuera de mi casa y se acercó al cristal del copiloto, le dio un golpe con algo y lo quebró. Luego se fue”.
A partir de entonces, F. sufrió el acoso de esa persona, a la que describe como un hombre obeso, bajo de estatura, con bigote y cabello muy corto, que comenzó a acudir reiteradamente a su vivienda para dejarle notas escritas en trozos de papel. Sin saber la joven cómo, esa persona también obtuvo su teléfono para hostigarla con mensajes de texto y llamadas, en una de las cuales, recuerda ella, “me dijo que a él nadie lo rechazaba, que tenía mucho dinero, que cómo una puta vieja como yo lo iba a rechazar”.
Decidió entonces presentar una denuncia ante la Fiscalía de Michoacán. Pero así como salió de las oficinas de dicho organismo, la joven recibió una nueva llamada de su agresor, quien le advirtió que ya estaba enterado de lo que acababa de hacer.
La joven comenzó a sospechar que su acosador gozaba de un trato especial por parte de las autoridades de seguridad de Michoacán, que le proporcionaban información confidencial que él usaba para hostigarla. “Cambié de teléfono una y otra vez –recuerda–. Y teléfono que yo registraba en Fiscalía, para que pudieran contactarme, era teléfono que esa persona conseguía… se lo daban ahí.”
Esa complicidad entre las autoridades y su acosador la confirmó meses después, en agosto de 2020, cuando un grupo de policías estatales la abordó mientras abría la puerta de su casa.
Tras ponerle una navaja en el cuello, esos policías le advirtieron que estaban ahí por encargo de la persona a la que ella había denunciado y que su instrucción era matarla. Luego, la introdujeron a golpes a su propia vivienda.
“Me dañaron -narra F.- me hicieron mucho daño físicamente y psicológicamente… son cosas muy difíciles de contar para mí… me quebraron tres costillas, me dejaron coágulos en el cerebro (por los golpes)…me violaron”.
Fue abandonada inconsciente dentro de su vivienda, luego de que los policías agresores la creyeran sin vida. Pero no: aunque con secuelas graves, ella sobrevivió al intento de feminicidio y hoy está lejos de su ciudad natal, puesto que, aun cuando denunció los hechos, los policías agresores siguen en el cargo y el hombre que la hostigaba, que los mandó a matarla, nunca fue investigado.
Feminicidio en Puebla
En noviembre de 2020, Susana Cerón Zenteno, de 33 años de edad y empleada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, fue raptada presuntamente por su pareja sentimental, el policía estatal Efrén Hernández Romero, al que meses antes había conocido en la misma corporación.
“Llegaron a la casa -narra su mamá, la señora Susana Zenteno-, entonces él empezó a pelear con ella, ella se metió a la casa, dejó su celular y este hombre entra, lo agarra, y ella le dice ‘dame mi celular’. Y este hombre se baja las escaleras y ella lo alcanza, pero él ya estaba en su camioneta. Entonces no le quiso dar el celular, ella abrió la puerta de la camioneta y él la jaló, cerró y se arrancó. Desde ese momento ya no supimos nada. Nada ya”.
Aunque el rapto fue denunciado, las autoridades de Puebla no emprendieron ninguna acción para localizar a Susana, ni siquiera por ser empleada de la policía estatal, ni tampoco al agente que la privó de la libertad. “No la buscaron” -recuerda su madre con frustración-. “No hicieron nada, la verdad”.
Doce días después, el cadáver de la joven madre fue encontrado en un lote baldío, con signos de tortura. Según los estudios forenses, su agresor la mantuvo con vida durante al menos ocho días y luego la asesinó, por lo que una búsqueda expedita de las autoridades hubiera tenido altas posibilidades de rescatarla con vida. Pero no fue así.
Informe de Fiscalías
Tal como informaron las fiscalías de justicia de todo el país, en respuesta a solicitudes de transparencia formuladas como parte de esta investigación, desde 2006 han sido procesados penalmente 51 agentes de fuerzas estatales o federales por los delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres.
De los 222 asesinatos y ejecuciones de mujeres, atribuidos a agentes estatales y federales durante el tiempo que ha durado la guerra contra el crimen organizado (e identificados en esta investigación), al menos 57 casos fueron perpetrados por dichas autoridades, en mancuerna con el crimen organizado.
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