Especialistas confirman que el combustible inspeccionado en Guanajuato cuenta con trazabilidad fiscal y amparo de multinacionales como Shell y ExxonMobil.
El procedimiento ministerial realizado en el complejo logístico de la comunidad de La Fragua, en San José de Iturbide, Guanajuato, puso bajo revisión una de las infraestructuras de suministro más activas del centro del país. No obstante, expertos del sector energético confirmaron que el combustible inspeccionado en Guanajuato cuenta con la documentación legal, fiscal y aduanal necesaria, descartando que se trate de hidrocarburo de procedencia ilícita o de acopio clandestino.
Las autoridades federales reportaron la verificación de 10 tanques de almacenamiento que resguardan 59 millones 36 mil 870 litros de producto petrolífero. La contabilidad técnica desglosa 33,5 millones de litros de gasolina regular, 7,2 millones de litros de gasolina premium y 18,2 millones de litros de diésel, además de tres unidades de autotransporte de carga e información contable mercantil sujeta a comprobación pericial ordinaria.
Analistas de la industria descartaron irregularidades en la naturaleza del producto resguardado. Arnoldo Cuéllar, periodista y analista, precisó que la investigación atraviesa una fase preliminar en la que no existe certeza alguna de actividades ilícitas. En este mismo sentido, el consultor energético Gonzalo Monroy explicó que no hay evidencia de un origen irregular y subrayó que las instalaciones funcionan como infraestructura estratégica de almacenamiento para terceros. Monroy añadió que este centro logístico fue determinante para mitigar la crisis y asegurar el abasto de energéticos en la región durante la contingencia nacional de distribución registrada en 2019.
La terminal de San José de Iturbide opera bajo un contrato de guarda, trasvase y depósito de hidrocarburos. La compañía operadora no adquiere, no comercializa ni tiene la propiedad del producto en depósito. La custodia se presta a comercializadoras formales y a consorcios petroleros internacionales autorizados para operar en México, entre los que destacan ExxonMobil, Marathon Petroleum y Shell, así como para procesar producto vinculado a la red logística de Pemex.
El acto de autoridad se derivó de una indagatoria secundaria iniciada en julio pasado, a raíz de una descarga eléctrica ocurrida en el municipio de San Luis de la Paz. Al momento de la visita a la terminal de La Fragua, los inspectores ministeriales encontraron personal en labores cotidianas y registros fiscales al corriente. El cierre administrativo del caso depende ahora del cotejo entre los pedimentos de importación, los contratos de depósito y las cartas porte que acrediten la legalidad absoluta del producto.
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