Ley Mariana Lima cambia investigaciones de muertes de mujeres
La Ley Mariana Lima establece nuevas reglas en el Estado de México para investigar las muertes violentas de mujeres y niñas. La reforma incorpora obligaciones para que las autoridades actúen con perspectiva de género y debida diligencia, siguiendo el protocolo correspondiente al feminicidio.
El cambio retoma criterios vinculados con el caso de Mariana Lima Buendía, cuya muerte dio origen a un precedente judicial relevante en México. La Suprema Corte ordenó reabrir la investigación y realizar las diligencias necesarias con perspectiva de género para esclarecer las circunstancias del caso.
La reforma modifica el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. La Fiscalía estatal deberá investigar las muertes violentas de mujeres y niñas con perspectiva de género, debida diligencia y bajo el protocolo de feminicidio.
También se establecen sanciones para personas servidoras públicas encargadas de procurar o administrar justicia cuando incurran en corrupción, negligencia, omisiones u obstrucción en investigaciones relacionadas con delitos cometidos contra mujeres por razones de género.
Las penas contempladas van de cuatro a diez años de prisión. Además, pueden aplicarse multas de 100 a 150 días, así como la destitución o inhabilitación para ocupar un cargo público.
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La legislación retomó propuestas promovidas por Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima. Su búsqueda de justicia contribuyó a establecer parámetros para investigar las muertes violentas de mujeres sin descartar desde el inicio posibles razones de género.
Asimismo, el Congreso mexiquense aprobó el dictamen por unanimidad el 10 de septiembre. La iniciativa había sido analizada previamente por las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y Para la Igualdad de Género.
El Código Penal estatal contempla actualmente penas de 40 a 70 años de prisión por feminicidio y transfeminicidio. Esas sanciones pueden aumentar cuando se presentan determinadas circunstancias agravantes previstas por la legislación.
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