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Rechazan proyecto de esterilización forzada en Bolivia

Una propuesta legislativa encendió el debate sobre los derechos reproductivos en Bolivia. El proyecto plantea que mujeres en situación de calle puedan enfrentar una esterilización obligatoria bajo control judicial, una medida rechazada por organismos defensores de derechos humanos.

La iniciativa fue presentada por Néstor Rodríguez, diputado suplente de Unidad. El legislador argumenta que busca favorecer la reinserción social y atender situaciones relacionadas con consumo de sustancias, maternidad y vulnerabilidad en las calles bolivianas.

Esterilización forzada genera rechazo en Bolivia

El proyecto establece inicialmente que la anticoncepción definitiva requiere consentimiento libre, previo e informado. Sin embargo, contempla convertir el procedimiento en obligatorio después de agotar otras instancias y mediante intervención judicial.

Además, Rodríguez explicó que antes existirían evaluaciones médicas y psicológicas. El legislador también dejó abierta la posibilidad de modificar el artículo cuestionado durante su discusión en la Cámara de Diputados.

La Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos rechazaron la iniciativa. Advirtieron que la esterilización forzada vulneraría derechos fundamentales relacionados con dignidad, integridad, igualdad, salud y autonomía reproductiva.

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El consentimiento queda en el centro del debate

Asimismo, la discusión coloca el consentimiento informado como un elemento fundamental. Los organismos críticos piden abordar la situación de calle mediante prevención, atención, rehabilitación y políticas públicas integrales.

Por otro lado, el proyecto todavía debe atravesar el proceso legislativo. Su presentación no significa que la esterilización obligatoria esté vigente actualmente en Bolivia.

La propuesta atribuye al Instituto Nacional de Estadística una estimación cercana a 4,500 personas en situación de calle solamente en el municipio de Santa Cruz. Esa dimensión ayuda a explicar el desafío social, aunque las organizaciones defensoras reclaman respuestas centradas en derechos y protección integral.

REDACCIÓN

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