La violencia contra las mujeres con discapacidad es un problema grave en México y en el mundo. Sin embargo, continúa sin recibir la atención necesaria. Esta falta de visibilidad dificulta la creación de soluciones efectivas y deja a millones de mujeres en riesgo constante.
“En cuanto al tema de violencias, las mujeres con discapacidad tenemos muchísimas más probabilidades no solo de vivirlas, sino de no poder escapar”, afirma Jen Mulini a Animal MX. Ella es una mujer indígena mexicana con discapacidad, activista, periodista, conferencista y hablante de náhuatl.
Mulini explica que las mujeres con discapacidad enfrentan un cruce de factores que aumenta su vulnerabilidad frente a la violencia y el abuso. Este cruce combina su género y su condición de discapacidad, a diferencia de lo que viven los hombres. ONU Mujeres también documenta esta problemática a nivel internacional y señala que los estereotipos generan discriminaciones adicionales.
Según Mulini, estos estereotipos provocan nuevas violencias. Además, muchas mujeres desconocen que viven una situación de abuso o no saben dónde pueden denunciar.
Sin embargo, esta problemática no se limita a un país. Está presente en todo el mundo y en la mayoría de los contextos sociales.
La violencia hacia mujeres con discapacidad también permanece oculta en los datos oficiales. La ENDIREH 2021 lo muestra con claridad. Aunque existe un subregistro, las cifras ya resultan alarmantes.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) reconoce que muchas mujeres y niñas con discapacidad no pueden responder cuestionarios. Por ello, la violencia que sufren podría ser más alta que la registrada. Mulini recuerda que, durante un proyecto llamado Liderazgos Solidarios, en varias casas no les permitieron entrar o negaron que ahí viviera alguna mujer con discapacidad. Ese tipo de experiencias explica por qué las cifras no captan toda la realidad.
Aun con estas limitaciones, la ENDIREH permite dimensionar la magnitud del problema. En México viven 22 millones de mujeres mayores de 15 años con discapacidad o limitación. De ellas, 16.3 millones han sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida. Además, 9.8 millones vivieron violencia durante los 12 meses previos a la encuesta.
La diferencia entre mujeres con y sin discapacidad también es clara: 72.6% de las mujeres con discapacidad sufrió violencia, frente al 66.7% de las mujeres sin discapacidad. En otras palabras, casi 7 de cada 10 mujeres con discapacidad ha enfrentado algún tipo de violencia.
La situación empeora entre las mujeres mayores de 60 años. En ese grupo, 14.6% vivió algún incidente de violencia. Pero el porcentaje salta a 41.5% entre mujeres con discapacidad. Esto confirma que ellas son un grupo con niveles de violencia superiores a los de otros sectores prioritarios.
La ENDIREH clasifica las violencias en física, psicológica, patrimonial, económica y sexual. Estas pueden ocurrir en escuelas, trabajos, hogares, comunidades o relaciones de pareja. Sin embargo, no todas las violencias que viven las mujeres con discapacidad están reflejadas en las estadísticas.
Organizaciones como el Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad (CIDIP) documentan agresiones que incluyen explotación laboral, mendicidad forzada y negación de servicios básicos. En materia sexual y reproductiva también existen violencias normalizadas, como abortos sin consentimiento, anticoncepción forzada o esterilización.
El CIDIP también señala que las violencias hacia personas con discapacidad suelen permanecer ocultas y normalizadas debido a los prejuicios y estigmas.
Las violencias institucionales tampoco suelen aparecer en las encuestas. El CIDIP estima que hasta 80% de las mujeres con discapacidad que viven en instituciones enfrenta violencia del personal sanitario, de servicio o de cuidadores.
Además, cuando buscan salir de un entorno de abuso, se encuentran con una barrera enorme: la falta de refugios accesibles. “No hay refugios con accesibilidad para que las mujeres con discapacidad puedan salir de los espacios violentos”, explica Mulini.
Ella también subraya que no existe presupuesto suficiente para garantizar accesibilidad. Las mujeres con discapacidad no siempre pueden comunicarse, carecen de redes de apoyo y enfrentan obstáculos cuando intentan pedir ayuda. Incluso denunciar puede convertirse en otra forma de violencia. Muchas fiscalías y ministerios públicos no fueron diseñados con perspectiva inclusiva. Mulini pregunta: “Si es una persona sorda, ¿puede llegar un intérprete?”.
Para Mulini, el primer paso es visibilizar la problemática y abrir espacios para que las mujeres con discapacidad hablen y construyan redes. Esto es clave porque muchas carecen de apoyo y, por lo tanto, tienen menos posibilidades de escapar de la violencia.
También urge que las instituciones generen políticas públicas inclusivas. Las encuestas y los programas deben considerar sus necesidades reales. Sin embargo, el cambio más profundo tiene que venir de la sociedad. Se requiere transformar la forma en la que se percibe a las personas con discapacidad y aprender a trabajar desde la diversidad.
De lo contrario, el ciclo violento se repite: violencia económica, violencia comunitaria, violencia de pareja y más. ONU Mujeres estima que en el mundo hay más de 500 millones de mujeres con discapacidad. Ellas siguen esperando respuestas, acceso y justicia.
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