Un caso de abuso sexual infantil sacudió a la comunidad educativa de León. Una maestra del preescolar Juan Enrique Pestalozzi es investigada y fue vinculada a proceso tras ser acusada de cometer tocamientos indebidos contra niños y niñas de entre 3 y 4 años, utilizando una dinámica conocida como el “juego del pato” dentro del aula.
De acuerdo con las denuncias, la docente aprovechaba esta actividad supuestamente lúdica para agredir sexualmente a los menores y, cuando se equivocaban en las respuestas, los golpeaba. El caso pone en evidencia fallas graves en los mecanismos de protección escolar y la urgencia de actuar con enfoque de derechos de la infancia.
La investigación inició después de que una menor presentara malestares físicos persistentes y fuera diagnosticada con una infección de transmisión sexual, un hallazgo que encendió las alertas. A partir de ese momento, otros padres y madres comenzaron a identificar cambios de conducta en sus hijas e hijos: ansiedad, miedo, aislamiento y rechazo a asistir a la escuela.
Estos signos, reconocidos por especialistas como indicadores de abuso sexual infantil, motivaron a las familias a denunciar formalmente los hechos ante la dirección del plantel y las autoridades.
Aunque los hechos fueron reportados a la escuela, la maestra no fue separada de inmediato de su cargo, lo que permitió que la situación se prolongara. Fue hasta que madres y padres se manifestaron públicamente y ejercieron presión que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato actuó.
La docente fue detenida, vinculada a proceso y actualmente permanece en prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance total de los abusos y posibles responsabilidades institucionales.
Este caso no solo expone la presunta violencia ejercida por una persona docente, sino también la omisión institucional frente a denuncias tempranas. Cuando se trata de infancias, cada día cuenta. La falta de protocolos claros y respuestas inmediatas pone en riesgo a quienes deberían estar más protegidos.
Hablar de abuso sexual infantil incomoda, pero el silencio protege a los agresores, no a las víctimas. La exigencia de las familias es clara: justicia, reparación del daño y garantías de no repetición.
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