La semana del 25N en Chiapas dejó un saldo devastador: tres feminicidios ocurridos con extrema violencia. La cifra volvió a encender la alerta por la inseguridad que enfrentan mujeres y niñas en el estado. La Colectiva Feminista 50 más 1 Chiapas expresó su “profunda indignación, dolor y rabia”, ya que los casos repiten un patrón de odio de género que, además, se agrava cada año.
El feminicidio más reciente fue el de Leticia, una mujer de 53 años asesinada a martillazos dentro de su domicilio en la colonia Adriana Gabriela, en Tuxtla Gutiérrez. Medios locales reportaron que pidió auxilio, pero nadie acudió a ayudarla. La Comisión a Una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, perteneciente a la colectiva, difundió el caso y exigió justicia inmediata.
En esa misma semana también fueron asesinadas Yerli Yaritza, de 18 años y estudiante de Enfermería en Ocosingo, y Fabiola Elizabeth, de 17 años, en Tuxtla Gutiérrez. Fabiola había salido a una reunión con amistades; después, no volvió a casa. Para la colectiva, los tres casos confirman un mensaje doloroso: “Vivir siendo mujer en Chiapas es un riesgo permanente”.
La organización advirtió que Tuxtla Gutiérrez se convirtió en un foco rojo por la normalización de la violencia y la falta de políticas públicas integrales. Además, exigió una revisión profunda de la Alerta de Violencia de Género, pues consideran que su implementación ha sido insuficiente. Según señalaron, “las acciones actuales no están salvando vidas”.
Con el asesinato de Leticia, la colectiva contabiliza 30 feminicidios en lo que va del año. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado reconoce 28 casos. Las activistas explican que esta diferencia puede deberse a reclasificaciones de delitos que no se informan con claridad.
Ayer, el Fiscal General presentó el Atlas del Feminicidio, una plataforma que promete transparentar datos y facilitar el acceso público a la información. Aunque el anuncio genera expectativas, las colectivas recuerdan que la transparencia no sustituye la prevención ni la protección.
En el ámbito legislativo, el Congreso del Estado elevó a 100 años de prisión la pena máxima por feminicidio. A pesar de ello, organizaciones feministas cuestionan que el aumento de penas no se acompaña de políticas preventivas. Como sostienen, castigar más no evita la violencia si el Estado no actúa antes del ataque.
A inicios de noviembre, el gobernador Eduardo Ramírez entregó relojes inteligentes como parte del programa “Mujer Segura: Presiona, Activa, Alerta”. El dispositivo permite enviar la ubicación al C5 y avisar a contactos de confianza. Sin embargo, colectivas feministas afirman que estas acciones no bastan si no existen estrategias integrales que atiendan la violencia intrafamiliar, señalada como el delito más común en Chiapas.
Ante los asesinatos, la Comisión a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50 más 1 exigió justicia pronta, efectiva y con perspectiva de género. También pidió investigaciones sin revictimización, atención integral a las familias y garantías reales de no repetición.
El contexto local se inscribe en una crisis mundial. Según la ONU, cada 10 minutos familiares o parejas asesinan a una mujer. En 2024, unas 50.000 mujeres y niñas murieron a manos de parejas o familiares. Además, una de cada cuatro mujeres periodistas ha recibido amenazas de muerte en línea, y las mujeres indígenas y trans viven riesgos desproporcionados.
El feminicidio aumenta por desigualdad persistente, normas discriminatorias y violencia en contextos de inseguridad. Frente a ello, la ONU impulsa marcos legales, servicios centrados en sobrevivientes y mejores datos. También apoya a los Estados para cumplir el Objetivo 5 de la Agenda 2030 y la CEDAW.
Mientras tanto, en Chiapas, las colectivas insisten en una demanda urgente: políticas públicas reales, con presupuesto y evaluación, para que ninguna otra mujer quede sin protección.
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