Las redadas contra migrantes en Estados Unidos han vuelto a ser noticia, no por su eficacia sino por la crudeza con que se ejecutan. En una entrevista con CBS News, el presidente Donald Trump afirmó que las operaciones de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) “no han ido lo suficientemente lejos”. Lo dijo sin titubeos, en medio de una ola de protestas y denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Trump habló con el programa 60 Minutes, su primera entrevista con la cadena desde que llegó a un acuerdo de 16 millones de dólares con Paramount, su propietaria. El mandatario había demandado al medio en octubre por supuestamente favorecer a su entonces rival demócrata, Kamala Harris. La entrevista, sin embargo, dejó ver su política migratoria más agresiva desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
Cuando la periodista Norah O’Donnell le preguntó si las redadas del ICE habían ido demasiado lejos, Trump respondió: “Creo que no han ido lo suficientemente lejos”. Atribuyó los retrasos en las deportaciones a los “jueces liberales” nombrados por Barack Obama y Joe Biden, a quienes acusa de frenar su agenda migratoria.
O’Donnell le mostró imágenes de agentes de ICE usando gas lacrimógeno y rompiendo ventanas de automóviles durante los arrestos. Trump no dudó: “Sí, porque hay que sacar a la gente”. Su respuesta encendió una nueva ola de críticas.
Desde enero, su gobierno ha impulsado una campaña masiva de deportaciones, una de las promesas más duras de su campaña. Las redadas han provocado disturbios en distintas ciudades, sobre todo en las gobernadas por demócratas. En respuesta, la administración ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles y ha intentado hacerlo en Portland y Chicago, aunque los tribunales federales han bloqueado parcialmente esas acciones.
El Instituto de Política Migratoria (MPI) confirmó que Estados Unidos alcanzó en 2025 la cifra más alta de migrantes detenidos en su historia. Durante los primeros diez meses del segundo mandato de Trump, 61 mil personas permanecían bajo custodia del ICE, frente a las 39 mil de enero. El instituto advierte que el número podría llegar a 107 mil en enero de 2026, duplicando la capacidad actual del sistema.
El presupuesto destinado a la detención de migrantes aumentará en 45 mil millones de dólares durante los próximos tres años, según la Ley Única de Presupuesto Integral. Estados Unidos, recuerda el MPI, ya tenía antes el sistema de detención de inmigrantes más grande del mundo.
El informe también revela el costo humano y financiero del modelo de Trump. En septiembre, los detenidos pasaban en promedio 44 días en custodia, a un costo de 152 dólares diarios por persona. Para enfrentar la saturación, el gobierno ha habilitado prisiones remotas y estructuras precarias tipo tienda de campaña. Incluso ha recurrido a cárceles en otros países.
Aunque el discurso oficial insiste en que los migrantes son “criminales”, tres cuartas partes de los detenidos no tienen antecedentes penales. La mayoría enfrenta faltas menores, como infracciones de tránsito o retrasos administrativos.
Uno de los capítulos más inquietantes de esta política es la reapertura de centros de detención para familias, como el Centro Residencial Familiar de Dilley, en Texas. Este complejo de carpas había sido cerrado durante el gobierno de Biden, pero Trump decidió reactivarlo en marzo de este año.
Decenas de testimonios recogidos por organizaciones de derechos humanos describen condiciones “inhumanas”. Sergio Pérez, director del Centro para Derechos Humanos y la Constitución, advirtió que en Dilley hay niños que no duermen ni comen bien, que carecen de agua potable y que viven bajo luces encendidas las 24 horas. Algunos menores, con enfermedades como autismo o leucemia, no reciben atención médica adecuada.
“Estas familias, que huyeron de sitios muy peligrosos, están siendo sometidas a un trauma severo”, dijo Pérez a Univision Noticias. Muchos padres se ven presionados a firmar su autodeportación o a entregar a sus hijos a familiares en Estados Unidos para evitarles la experiencia carcelaria.
Los testimonios respaldan la defensa del Acuerdo Flores, un fallo judicial vigente desde 1997 que obliga al gobierno a garantizar alimentación, educación, recreación y tiempos limitados de detención a los menores. Trump ha intentado eliminarlo, lo que reaviva la confrontación entre su administración y las organizaciones humanitarias.
ICE fue consultado por las denuncias, pero no respondió.
Como parte del endurecimiento migratorio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que suspende las renovaciones automáticas de permisos de trabajo temporales (EAD). La medida, vigente desde el jueves, busca “fortalecer la seguridad nacional” y facilitar las deportaciones.
El cambio revierte una política de la administración Biden que permitía trabajar hasta 540 días después del vencimiento del permiso, mientras se tramitaba su renovación. Ahora, miles de migrantes legales podrían quedarse sin empleo.
“Trabajar en Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”, declaró Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Sin embargo, abogados y organizaciones advierten que la decisión afectará a solicitantes de asilo, víctimas de violencia doméstica y familias con estatus temporal, al dejarles sin ingresos ni estabilidad laboral.
Todd Schulte, presidente de fwd.us, calificó la medida como “un acto inaceptable que provocará el caos entre cientos de miles de personas y sus empleadores”. Según el bufete Fragomen, la norma podría ser impugnada en los tribunales por no incluir un periodo de consulta pública.
Además, el DHS ha instruido al ICE a usar esta suspensión para acelerar las deportaciones de quienes pierdan su permiso. Con los tiempos de renovación de hasta nueve meses, miles de personas podrían quedar en el limbo laboral y migratorio.
Las cifras, testimonios y nuevas reglas dibujan un panorama alarmante. Estados Unidos vive un retorno a la política del miedo, donde la disuasión sustituye la protección y el castigo reemplaza la justicia.
La administración Trump ha convertido la detención y la deportación en pilares de su narrativa electoral. Pero las consecuencias son humanas: familias separadas, niños enfermos y comunidades enteras bajo amenaza.
La historia demuestra que criminalizar la migración no la detiene. Solo agrava las heridas y multiplica el sufrimiento. En su intento por “sacar a la gente”, Estados Unidos arriesga algo más profundo: su compromiso con los derechos humanos.
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