El racismo ambiental en México golpea con mayor fuerza a comunidades racializadas, en especial a los pueblos indígenas, afectando su salud, su bienestar y su relación con el entorno natural.
Se trata de un fenómeno poco visibilizado y escasamente estudiado, pero con efectos profundos que comprometen el presente y el futuro de miles de personas.
El concepto de racismo ambiental fue introducido en 1982 por Benjamin F. Chavis Jr., investigador y líder del movimiento por los derechos civiles, durante una protesta en Warren County, Carolina del Norte. En esa ocasión, una comunidad mayoritariamente afroamericana se opuso a la instalación de un vertedero cerca de sus hogares, mientras las autoridades minimizaron su reclamo.
Este término describe cómo los impactos de la contaminación y los riesgos ambientales recaen de manera desproporcionada en comunidades históricamente marginadas por su origen étnico o nivel socioeconómico. La marginación las coloca en territorios con servicios básicos deficientes, escasas oportunidades laborales y una mayor exposición a industrias contaminantes.
Una investigación de la Universidad de Madrid subraya que la pobreza agrava este problema: las regulaciones ambientales suelen aplicarse con menos rigor en comunidades de bajos ingresos, perpetuando una forma de discriminación sistémica que atraviesa salud, economía y derechos humanos.
El racismo ambiental se manifiesta en múltiples frentes: desde la contaminación del aire y el agua con metales pesados, pesticidas y químicos, hasta la ubicación de vertederos y actividades extractivas cerca de poblaciones vulnerables. Estas prácticas elevan la incidencia de enfermedades crónicas, deterioran los ecosistemas y alteran modos de vida tradicionales.
El costo del cambio climático también lo asumen las comunidades más empobrecidas, que carecen de recursos para enfrentar o adaptarse a estos impactos. El resultado es un círculo de desigualdad en el que las poblaciones menos responsables de la crisis climática son, paradójicamente, las más afectadas.
Un ejemplo claro de racismo ambiental en México es El Bosque, un pequeño pueblo pesquero en Tabasco. La erosión costera avanzó un kilómetro sobre su litoral, afectando escuelas, servicios sanitarios y transporte. Desde 2022, sus habitantes solicitaron ser reubicados, pero en 2023 el avance del mar los obligó a abandonar su patrimonio sin recibir apoyo inmediato.
Aunque el Congreso de Tabasco aprobó un dictamen para su reubicación en 2024 y el gobierno estatal reconoció oficialmente a 51 familias damnificadas, muchas quedaron fuera del registro y siguen sin acceso a atención básica de salud, educación y refugio. El Bosque se convirtió así en la primera comunidad desplazada por el clima en México, un hecho que visibiliza la injusticia ambiental y social que atraviesan estas poblaciones.
El racismo ambiental no es un problema lejano: ocurre aquí y ahora. Greenpeace y otras organizaciones han insistido en la necesidad de políticas públicas que protejan a las comunidades históricamente excluidas. Alzar la voz es esencial, porque vivir en un ambiente sano es un derecho humano y no un privilegio.
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