El Gobierno de Trump está listo para destruir anticonceptivos adquiridos por EE.UU. por un valor de 9,7 MDD en lugar de entregarlos a mujeres en el extranjero. Esto sucede tras el desmantelamiento de los programas de asistencia exterior llevados a cabo por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
La “decisión preliminar” de destruir los anticonceptivos adquiridos por USAID fue confirmada por un portavoz del Departamento de Estado, quien dijo que el costo de incinerarlos sería de US$ 167,000.
Los anticonceptivos han estado almacenados en Geel, Bélgica. El Ministerio de Asuntos Exteriores belga dijo que estaba participando en conversaciones diplomáticas con la embajada de EE.UU. para encontrar soluciones alternativas para los suministros.
La mayoría de los anticonceptivos son métodos de larga duración, como dispositivos intrauterinos (DIU) e inyectables, dijo un asistente del Congreso de EE.UU. a CNN. Se desconoce exactamente cuándo se destruirán los suministros, según el asistente.
“Tienen que incinerar dos veces los productos porque contienen altos niveles de hormonas y no quieren arriesgarse a que los subproductos se filtren al medio ambiente, lo cual probablemente aumente el costo”, dijo el asistente del Congreso. “El Gobierno de Trump está literalmente quemando el dinero de los contribuyentes”.
Una lista de los suministros, compartida con CNN por otra fuente con conocimiento del inventario del almacén, muestra que los anticonceptivos incluyen DIU de cobre, implantes en varilla, inyecciones anticonceptivas y tabletas de levonorgestrel y etinilestradiol. Algunos tienen la marca de USAID, pero la mayoría no, según la lista aportada por la fuente.
La mayoría de los productos vencen en 2028 o 2029, siendo la fecha de caducidad más temprana entre los productos la de abril de 2027, según la lista que detalla los casi 5 millones de artículos.
El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. se refirió a los anticonceptivos que serán destruidos como “ciertos anticonceptivos abortivos provenientes de contratos de USAID de la era Biden que han sido terminados”.
Existe controversia sobre si describir ciertos anticonceptivos como abortivos, o causantes de aborto, debido al debate sobre si la vida comienza en el momento en que un óvulo es fertilizado o en una etapa posterior. Algunos métodos anticonceptivos, incluidos los DIU, pueden funcionar evitando la implantación de un óvulo fertilizado. Sin embargo, los DIU funcionan principalmente suprimiendo la liberación de óvulos o impidiendo que los espermatozoides lleguen a un óvulo.
En pleno 2025 es un enorme retroceso que un acto como este vaya a cometerse en nombre de la «protección a la vida» o de manera seria llamarle a estos métodos «abortivos» si la naturaleza de un aborto es de terminar un embarazo que ya existe. En este caso, ningún embarazo existe en el caso de las mujeres que deciden usar estos métodos.
Aunado a esto también debemos de tomar en cuenta que estos anticonceptivos (especialmente en países en vías de desarrollo, (donde se planeaba usarlos desde el inicio antes de que se ordenara su destrucción) pueden ser la diferencia en el futuro de una mujer. Desde una niña que no tenga que tener un embarazo adolescente hasta una mujer viviendo en una situación de violencia doméstica. Estos anticonceptivos no son vanidad, sino la única vía para tener un futuro en muchos casos.
En respuesta a los informes de los medios de que los anticonceptivos serían transferidos a una instalación francesa de desechos médicos para ser destruidos a finales de julio, una fuente diplomática en Francia dijo que los anticonceptivos estaban siendo gestionados por entidades privadas y que “no tenían información sobre ningún traslado”, hasta el jueves de la semana pasada.
La senadora estadounidense Jeanne Shaheen envió a un miembro de su personal al almacén en Bélgica como parte de un intento por presentar una iniciativa legal que prohíba “la destrucción de dichos productos a menos que se hayan agotado todos los esfuerzos para venderlos o donarlos”. Dicho miembro del personal confirmó que la fecha de caducidad más temprana de los anticonceptivos era 2027, y que algunos suministros no vencían hasta 2031, lo que significa que aún podrían usarse durante años.
La portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores belga, Florinda Baleci, dijo que el país estaba “explorando todas las vías posibles para evitar la destrucción de estos stocks, incluida su reubicación temporal”.
Una organización llamada MSI Reproductive Choices dijo que, junto con otros socios financistas, había ofrecido pagar el envío y el reempaquetado de los suministros con la marca USAID, pero que el gobierno estadounidense rechazó la oferta.
En respuesta a preguntas sobre la oferta, el Departamento de Estado destacó la llamada “política de la Ciudad de México”, que “prohíbe proporcionar cierta asistencia —directa o indirectamente— a organizaciones no gubernamentales extranjeras que realicen o promuevan activamente el aborto como método de planificación familiar”.
Esa política, a la que los opositores llaman la “regla mordaza global”, impide que las organizaciones no gubernamentales que proporcionan abortos, ofrecen consejería sobre abortos o abogan por el acceso seguro al aborto reciban fondos estadounidenses.
La destrucción planeada de los anticonceptivos ha provocado protestas de otras organizaciones, como Médicos Sin Fronteras (MSF), que expresó su preocupación por la escasez de anticonceptivos en países que antes dependían de los suministros donados por USAID.
A principios de julio, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, celebró el fin de USAID, diciendo que los futuros programas de asistencia exterior se alinearían con las políticas de la administración y serían administrados por el Departamento de Estado. El rápido desmantelamiento de USAID, liderado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ha supuesto la eliminación de miles de programas de asistencia exterior, incluyendo muchos que se centraban en trabajos para salvar vidas.
Un estudio publicado a principios de este mes por una destacada revista médica, The Lancet, estimó que los recortes de fondos de USAID podrían resultar en más de 14 millones de muertes adicionales para 2030. Según el estudio, la financiación de USAID era más probable que redujera la mortalidad relacionada con el VIH/SIDA, seguida por la malaria.
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