Mujeres representan el 36% de la fuerza laboral en sistemas agroalimentarios en AL y el Caribe

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó el informe “La situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios: Un enfoque regional para América Latina y el Caribe”, que analiza la participación de las mujeres en la producción rural, documenta las brechas persistentes en el empleo, acceso a recursos y representación, y entrega recomendaciones para acelerar el empoderamiento de las mujeres rurales en la región.   

Esta edición regional actualiza y profundiza el análisis presentado por la FAO en 2023 a nivel global, con datos y evidencias sobre la participación, desafíos y contribuciones de las mujeres rurales, indígenas, jóvenes y afrodescendientes en los sistemas agroalimentarios de América Latina y el Caribe. 

El informe identifica barreras persistentes en el acceso a tierra, agua, propiedad del ganado, financiamiento, servicios de extensión y tecnologías, y propone acciones transformadoras para terminar con las desigualdades de género en los sistemas agroalimentarios. 

Además, destaca cómo el empoderamiento de las mujeres genera múltiples beneficios para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, dinamizar las economías rurales, promover el desarrollo sostenible y el bienestar de toda la sociedad. 

Según el informe, las mujeres representan el 36% de la fuerza laboral en los sistemas agroalimentarios de América Latina y el Caribe, y el 71 % de ellas trabaja en sectores no agrícolas como procesamiento de alimentos, comercialización y ventas.

Una muestra de 14 países en América Latina y el Caribe muestra que más de la mitad de los trabajadores en manufactura de alimentos (55%) y comercio (52%) son mujeres. Sin embargo, su presencia en actividades más lucrativas como el transporte es baja (9%). 

El reporte advierte sobre las desigualdades estructurales que condicionan la vida de las mujeres rurales. En América Latina y el Caribe son más las mujeres que sufren hambre en comparación con los hombres: la brecha de género en la inseguridad alimentaria moderada o grave alcanzó los 9,1 puntos porcentuales en 2022, luego de haberse ampliado drásticamente durante 2021 a 11,5 puntos porcentuales, en parte, a raíz de la crisis de la COVID-19 (FAO, 2025).  

Asimismo, la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que recae sobre las mujeres continúa limitando sus oportunidades de empleo y formación. 

El informe destaca que América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde ha aumentado la participación de las mujeres en actividades agrícolas en las últimas dos décadas.  

Sin embargo, este avance no se ha traducido para ellas en un mayor acceso a recursos productivos ni en representación en espacios de toma de decisiones. Las mujeres también tienen menos probabilidades que los hombres de trabajar a tiempo completo, sugiriendo que su trabajo es más irregular y temporal. 

“La evidencia que hoy compartimos debe ser un insumo clave para la toma de decisiones. Necesitamos políticas públicas transformadoras que promuevan el empoderamiento económico de las mujeres rurales en toda su diversidad, reconozcan sus múltiples roles en la producción, comercialización y el cuidado, y aseguren su acceso igualitario a recursos, servicios y participación”, señaló Maya Takagi, Líder de Programa Regional de la FAO para América Latina y el Caribe en el lanzamiento del informe.

Tras una revisión, el informe señala que solo el 26% de las políticas agrarias analizadas incluye la igualdad de género como un objetivo explícito, y menos del 15 % aborda normas sociales discriminatorias, cambio climático o resiliencia climática.  

En cambio, un análisis de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN), muestra cómo América Latina y el Caribe fue la región con la mayor integración del enfoque de género, lo que representa una oportunidad para avanzar en políticas más inclusivas. 

Entre las recomendaciones clave que plantea el informe se encuentran la promoción de reformas legales para garantizar la propiedad conjunta de tierras, el diseño de políticas, programas e inversiones con enfoques de género transformadores, y la mejora del acceso a tecnologías, capacitación y servicios financieros.  

También se destaca el fortalecimiento de la acción colectiva como herramienta para ampliar el poder de negociación y la resiliencia de las mujeres frente a crisis y perturbaciones. 

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