La crisis educativa de las mujeres y las niñas en Afganistán

Actualmente, Afganistán es el único país del mundo donde las mujeres y las niñas tienen prohibido el acceso a la educación secundaria y superior. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha declarado que en tres años desde el regreso de los talibanes al poder en Afganistán, se ha impedido deliberadamente que más de 1,4 millones de niñas elegibles asistan a la escuela. 

Este informe de la organización Rawadari analiza el impacto del regreso de los talibanes al poder en el derecho a la educación de las mujeres afganas, así como los avances más significativos en el sistema educativo del país desde agosto de 2021, incluidas las limitaciones en cuanto al acceso, el currículo y las alternativas buscadas por las familias a la educación formal.

El informe tiene por objeto arrojar luz sobre las dimensiones jurídicas y de derechos humanos de las políticas y acciones discriminatorias de los talibanes que privan deliberadamente a las mujeres de su derecho a la educación.  

El informe también arroja luz sobre los esfuerzos de los talibanes por dirigir el sistema educativo en una dirección ideológica que puede tener un impacto a largo plazo en la sociedad afgana en su conjunto y, en particular, en la situación de los derechos de las mujeres y las niñas.  

El informe incluye información y análisis sobre las medidas graduales, sistemáticas y selectivas adoptadas por los talibanes para despojar a las mujeres y las niñas de su derecho a la educación; la intensificación de las restricciones en las instituciones educativas a raíz de la promulgación de la Ley de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio (PVPV), también conocida como «Ley de la Moral», los cambios introducidos en los planes de estudio escolares y universitarios; inspecciones de bibliotecas escolares y universitarias y depuración selectiva de libros y una breve sección sobre la situación del acceso a la educación de las niñas y mujeres con discapacidad. 

Un equipo de proveedores de datos de la organización recopiló información y datos para este informe en 26 provincias de Afganistán. El equipo realizó entrevistas personales y telefónicas con mujeres y niñas privadas del derecho a la educación, mujeres y niñas víctimas de violencia doméstica, periodistas, activistas de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, proveedores de atención médica, maestros de escuelas y universidades, estudiantes, abogados y personal de organizaciones internacionales relevantes.  

La recopilación de datos y las entrevistas se llevaron a cabo con la orientación del equipo central de investigación y documentación de Rawadari.

Para garantizar la validez y fiabilidad de la información obtenida de las fuentes locales, los investigadores compararon y verificaron los hallazgos con las decisiones, decretos, órdenes y otros documentos escritos emitidos por los talibanes en relación con la educación, así como con los informes de otras organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación.  

Para garantizar la seguridad de los entrevistados y las fuentes, las fechas y los detalles específicos sobre los lugares de ciertos incidentes se han ocultado intencionalmente en el informe. 

Además, el informe se basa en la revisión de la bibliografía de los documentos existentes y las investigaciones sobre la educación en el Afganistán.  

El equipo de investigación y documentación consultó informes anteriores de Rawadari, así como informes e investigaciones publicados por organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación sobre la situación de la educación de las mujeres en Afganistán desde el 15 de agosto de 2021.  

Además, se examinaron las leyes anteriores a los talibanes y los informes del Ministerio de Educación de la República Islámica del Afganistán y de las organizaciones internacionales pertinentes para contextualizar mejor los cambios introducidos por los talibanes.

El acceso a la información en Afganistán se ha vuelto cada vez más difícil debido a las estrictas restricciones impuestas por los talibanes. Impiden la difusión de cualquier información relacionada con violaciones de los derechos humanos creando una atmósfera de miedo e intimidación.  

La Dirección General de Inteligencia (GDI), los departamentos del Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio (MPVPV), la Dirección de Información y Cultura y las oficinas de los gobernadores provinciales desempeñan un papel en la aplicación de las restricciones al acceso a la información.  

La recopilación de información sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas es especialmente difícil debido a las restricciones impuestas por los talibanes a la circulación de las mujeres y a la prohibición de acceder a ellas a los espacios públicos. 

Desde el anuncio de la ley PVPV o «Ley de la Moral», ha aumentado el miedo y el cumplimiento de las restricciones represivas de los talibanes.  

Por ejemplo, los entrevistados han dicho a Rawadari que los talibanes castigarán a periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que intenten grabar y transmitir la voz de una mujer o una niña. Anteriormente, en varias provincias, los talibanes habían amenazado a medios de comunicación y periodistas locales, advirtiendo que si publicaban información sobre la situación de las mujeres afganas, sus medios de comunicación serían cerrados y serían encarceladas.  

Según los entrevistados, los talibanes incluso monitorean las llamadas telefónicas y las plataformas de redes sociales como WhatsApp, Facebook y Telegram para asegurarse de que los incidentes de violaciones de derechos humanos no se registren ni se compartan.

En consecuencia, Rawadari se ha enfrentado a serias restricciones al reunir información para el presente informe, incluidas las dificultades para entrevistar a mujeres en diversas partes del país y obtener detalles sobre los planes de estudio de las escuelas religiosas y madrasas dirigidas por los talibanes. 

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