Los últimos años se han distinguido por mayor inclusión y representatividad de la comunidad LGBTQ+ en distintos ámbitos y en distintos países. En buena parte de occidente cada vez es más normal la inclusión de la comunidad en todas las esferas de la vida humana, incluyendo leyes que se encarguen de protegerlos contra la homofobia y asegurar que su inclusión en la sociedad sea plena. Igual que otras luchas sociales, está llena de avances y retrocesos. Sin embargo, esta dinámica está encontrando una fuerte resistencia y retrocediendo rápidamente. Y esta tendencia está presente en todo el mundo.
Los ataques a los derechos LGBTQ+ pueden ser una poderosa herramienta electoral e ideológica, especialmente en países que están retrocediendo en la secularidad de sus leyes en esfuerzo de conseguir votantes.
Este es el caso de países como Hungría y Polonia, donde hay dudas sobre el rigor democrático de las administraciones, y de Italia, donde el gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni busca bloquear el reconocimiento legal de las familias con padres del mismo sexo.
Por otro lado, en el continente africano el parlamento de Uganda aprobó recientemente la medida más drástica hasta el momento. El proyecto de ley contra la homosexualidad de 2023 no solo amplía la pena por actos consensuales entre personas del mismo sexo, que ya estaban tipificados como delito en Uganda, sino que crea una nueva categoría de delito que impondría la pena de muerte por «homosexualidad agravada», incluídos los “actos de homosexualidad” que involucren a personas con discapacidad o el uso de drogas o alcohol.
Este proyecto de ley va más allá al imponer el requisito de que las personas denuncien a cualquier persona sospechosa de participar en actos con personas del mismo sexo, incluidos miembros de su familia.
En Rusia, los legisladores justificaron una nueva ley que frena la reasignación de género como una salvaguardia contra la «ideología occidental antifamiliar». Los partidarios dicen que prohibir las «intervenciones médicas destinadas a cambiar el sexo de una persona» y la capacidad de alterar la identidad de género en los documentos oficiales respalda los «valores tradicionales» de Rusia.
Mucho se puede decir también del caso de Estados Unidos, que a pesar de ser un pilar para la inclusión a través de diferentes esferas (como lo son la cultura popular y varias leyes progresistas en muchos estados). Existe una fuerte tendencia discriminatoria en el Estados Unidos (impulsada por el partido Republicano y grupos extremistas) que ha sido el propulsor del aumento de proyectos de ley de “libertad religiosa” en que disfrazan la discriminación anti-LGBT bajo el disfraz de la fe y los “valores familiares”.
Uno de los casos más populares ha sido el del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien se ha distinguido por tratar de obtener aprobación con lo que los críticos han denominado la ley “don’t say gay”. En esencia esta ley prohíbe la discusión sobre orientación sexual o identidad de género en las escuelas de Florida. Y se ha vuelto tan grave que los educadores que violen la prohibición corren el riesgo de que se les revoque su certificación profesional.
Mientras tanto, el estado de Mississippi ha destacado con la mayor cantidad de leyes anti-LGBTQ propuestas este año. Actualmente está prohibido en el estado realizar procedimientos de reasignación de género a menores de 18 años. Los profesionales de la salud que realicen el procedimiento se enfrentan a sanciones severas, incluida la pérdida de sus licencias profesionales.
Los estados de Ohio, Georgia, Iowa, Dakota del Sur y Virginia Occidental han aprobado leyes similares. Por otro lado, el caso de Texas es incluso más extremo pues clasifica los procedimientos de reasignación de género como abuso infantil, y los padres se enfrentan a una posible investigación.
Y en el ámbito cultural y social la amenaza también está presente, incluso en actores tan inofensivos como las drag queens. El estado de Tennessee se convirtió en el primer estado en prohibir a las drag queens actuar en espacios públicos o en cualquier lugar en presencia de niños y adolescentes menores de 18 años. Cualquiera que sea sorprendido infringiendo la prohibición se enfrentaría a hasta un año de cárcel por la primera infracción.
A pesar de que esta tendencia pueda ser observada en países con usos y costumbres diferentes, la realidad es que todas estas sociedades son víctimas de una amenaza común: el deterioro de la democracia y la confianza en las instituciones, los cuales han empujado a los votantes a ver mayor estabilidad en candidatos que pretenden “volver” a valores familiares, nacionalistas y tradicionales.
La realidad es que uno de los aspectos más lamentables y preocupantes de esta tendencia es que muchas veces está motivada por tendencias que nada tienen que ver con la comunidad LGBT+, sino que son parte de una estrategia política que solamente busca una causa para generar un consenso y conseguir votos. Y aunque los candidatos que lo promueven normalmente sí suelen ser homofóbicos, su agenda va mucho más allá de la comunidad LGBT+, ya que normalmente está atravesada por causas misóginas, racistas y anti inmigrantes también.
La inclusión de la comunidad LGBT+ en nuestras leyes y sociedad se dio no a través de políticos, sino a través de la misma comunidad y sus aliados que empujaron esta agenda independientemente del clima cultural que atravesaban. Y el movimiento continuará a pesar de la resistencia. Sin embargo, es importante ver estas tendencias como lo que son: una amenaza a la democracia y a los derechos humanos, que hoy en día utiliza a la comunidad LGBT+ como el blanco que les funciona, pero en cualquier momento cualquier otro miembro de la sociedad puede volverse su víctima también. Y el ataque a ellos es un ataque a los derechos de todos.
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