Decreto que considera la identidad de género como un «trastorno mental» pone en alerta a la comunidad LGBT en Perú

Un trastorno mental: el gobierno peruano enfureció a la comunidad LGTB+ al expedir un decreto sobre acceso a tratamientos de salud mental que clasifica bajo ese rótulo la identidad de género.  

Los colectivos de diversidad sexual convocaron para el pasado viernes a una protesta frente al ministerio de Salud, en el centro de Lima, para exigir la derogatoria de la norma que, a su juicio, incentiva la discriminación y la violencia contra sus miembros. 

El decreto

Mediante un decreto publicado el 10 de mayo, el ministerio de Salud actualizó el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada. 

Desde 2021 dicho plan incorpora las enfermedades mentales. 

Ciñéndose a una antigua clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno quiso ampliar la cobertura en salud mental a tratamientos derivados de la identidad de género, por ejemplo, casos de acoso, terapias de reafirmación u operaciones de reasignación de sexo. 

Sin embargo, la clasificación que empleó en el decreto, conocida como CIE-10, describe la transexualidad como un «trastorno mental», un término que la propia OMS eliminó en 2022 de su manual revisado de diagnósticos vigente desde ese año. 

«El gobierno tenía una buena intención, que era ampliar el acceso (a cobertura), pero visibilizó un diagnóstico que ya no se debería usar», señaló a la AFP Carlos Cáceres, vicedecano de salud pública en la universidad Cayetano Heredia. 

¿Qué dice el gobierno?

En un comunicado posterior al decreto, el ministerio de Salud aclaró que no considera como enfermedades la «diversidad de género y sexual». 

«Expresamos nuestro respeto a las identidades de género, así como nuestro rechazo a la estigmatización de la diversidad sexual», señaló el organismo. 

Según explicó en el mismo mensaje, al actualizar el PEAS utilizó la clasificación de la OMS que sigue vigente en Perú a la espera de que «se inicie la implementación progresiva» del nuevo manual de enfermedades, «tal como ocurre en otros países». 

¿Qué piensan los grupos de diversidad sexual?

Más allá de la aclaración del ministerio de Salud, las organizaciones de derechos humanos y de diversidad sexual exigen la derogatoria de la norma. 

«Estamos pidiendo derogar este decreto transfóbico, violento y que va contra nuestras identidades como personas trans en el Perú», dijo a la AFP Gianna Camacho, vocera de la Coordinación Nacional LGTBIQ+. 

«No somos enfermas mentales, ni tenemos ningún trastorno mental», replicó la dirigente. 

En un artículo publicado en su página web, la ONG Human Rights Watch (HRW) llamó la atención sobre los efectos de «este decreto sesgado y poco científico». 

«Patologizar de manera oficial a las personas LGBT (…) puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género», advierte la organización. 

Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales, ni permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género. 

Un temor mayor

En opinión de la comunidad LGTBI, la norma encierra un riesgo todavía mayor que el de la discriminación. 

«Diciendo que soy enfermo me están patologizando, es el riesgo más grande porque abre las puertas para validar las terapias de conversión», señala a la AFP el médico y activista Percy Mayta. 

Dichas prácticas, que organismos de Naciones Unidas equiparan con torturas, no están penalizadas en Perú. 

También HRW cree que el decreto «podría dar legitimidad» a las mal llamadas terapias de conversión y «agravar los problemas de salud mental a los que se enfrentan las comunidades LGBT en el país». 

Ante esos temores, el ministerio de Salud insistió que la orientación sexual y la identidad de género «no deben ser sometidas a tratamiento o atención medica ni a las llamadas terapias de reconversión». 

Sin embargo, para los grupos LGTBI solo la derogatoria de la norma conjuraría los potenciales riesgos. 

Con información de El Economista  

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