El Congreso de Querétaro volvió a cerrar la puerta a los derechos reproductivos. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia rechazó el dictamen para despenalizar el aborto en la entidad, sin abrir espacios de deliberación ni análisis técnico.
La sesión, convocada sin transparencia, solo contó con dos votos en contra del PAN y una abstención de Morena. El resultado provocó protestas dentro y fuera del recinto. Colectivas feministas denunciaron que se privilegió la voz de grupos religiosos y antiderechos, mientras se excluyó a mujeres, especialistas en salud y defensoras de derechos humanos.
El diputado morenista Homero Barrera señaló que el dictamen no se compartió previamente con los integrantes de la comisión. “No hubo discusión ni participación de las mujeres y personas gestantes”, afirmó. La sesión, interrumpida por reclamos, dejó ver la opacidad de un proceso legislativo que, según organizaciones civiles, contraviene principios democráticos y constitucionales.
La propuesta buscaba armonizar la legislación local con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 2021 determinó inconstitucional criminalizar el aborto. Sin embargo, Querétaro mantiene una de las normativas más restrictivas del país. Solo permite la interrupción del embarazo en casos de violación o cuando ocurre por accidente.
Organizaciones como GIRE, Católicas por el Derecho a Decidir y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México advirtieron que el rechazo vulnera derechos fundamentales. “El Congreso tiene la obligación de garantizar el acceso al aborto conforme a los estándares de constitucionalidad”, señalaron en un comunicado.
Entre 2016 y 2022, la Fiscalía del Estado abrió 163 carpetas de investigación por el delito de aborto. Detrás de esas cifras, hay historias de criminalización y violencia institucional. El caso de Esmeralda, una adolescente de 14 años víctima de violación y acusada tras un aborto espontáneo, se mantiene como símbolo de esa injusticia estructural.
Pese a que 24 estados ya han despenalizado el aborto, el acceso real a este derecho sigue dependiendo del código postal. En Querétaro, la penalización reproduce desigualdades: obliga a mujeres pobres a abortar en la clandestinidad o a viajar fuera del estado para hacerlo de forma segura.
Las organizaciones feministas sostienen que negar el derecho a decidir es una forma de violencia institucional. Además, el uso del derecho penal para regular la maternidad “no protege vidas, sino que pone en riesgo la salud y dignidad de quienes enfrentan embarazos no deseados o producto de violencia”.
El Congreso archivó el dictamen sin fijar nueva fecha de discusión. Con ello, las y los legisladores prolongan un rezago que contradice los avances federales y mantiene a Querétaro al margen de los estándares de derechos humanos.
Mientras tanto, las colectivas locales reiteran su compromiso de seguir exigiendo justicia reproductiva: “La negación de derechos tiene consecuencias sobre cuerpos concretos”, advirtieron. Su lucha continúa, ahora con la convicción de que despenalizar no solo es una cuestión legal, sino una deuda ética con las mujeres queretanas.
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