El racismo ambiental en México afecta desproporcionadamente a comunidades racializadas, sobre todo indígenas. Este fenómeno deteriora su salud, bienestar, modo de vida y entorno natural. Aunque poco se habla de él, sus efectos son evidentes y dañan el futuro de miles de personas.
El término racismo ambiental fue usado por primera vez en 1982 por Benjamin F. Chavis Jr., investigador y líder de derechos civiles en Estados Unidos. Lo hizo durante una protesta en Warren County, Carolina del Norte, donde la comunidad afroamericana se opuso a la instalación de un vertedero tóxico cerca de sus hogares.
Desde entonces, el concepto se utiliza para describir cómo los daños ambientales y los riesgos para la salud afectan más a comunidades marginadas por su origen étnico o situación económica. Estas poblaciones suelen vivir lejos de servicios básicos, en zonas donde las regulaciones ambientales son más débiles.
De acuerdo con una investigación de la Universidad de Madrid, la pobreza intensifica la discriminación ambiental. Las leyes ambientales se aplican con menor rigor en comunidades de bajos ingresos, lo que las expone a industrias contaminantes, vertederos y desastres ecológicos.
Las consecuencias del racismo ambiental incluyen enfermedades crónicas, pérdida del territorio y destrucción del entorno natural. En México, el caso más evidente es el de El Bosque, Tabasco, un pequeño pueblo pesquero que desapareció por la erosión costera.
A partir de 2022, sus habitantes solicitaron ser reubicados ante el avance del mar, pero las autoridades ignoraron sus advertencias. En 2023, el agua los obligó a abandonar su patrimonio sin apoyo oficial. Así, El Bosque se convirtió en la primera comunidad desplazada climática del país.
En 2024, el Congreso de Tabasco aprobó un dictamen técnico para su reubicación. Sin embargo, aún existen familias excluidas del padrón de beneficiarios. La falta de atención a sus necesidades básicas revela una forma clara de racismo ambiental: el olvido institucional hacia quienes viven en los márgenes.
Greenpeace ha exigido políticas públicas que protejan a las comunidades históricamente excluidas. “El medio ambiente sano también es un derecho humano”, recalcan sus voceros.
El racismo ambiental no es exclusivo de México. Isabelle Mamadou, experta del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, explica que este fenómeno surge de un modelo económico colonial. “El norte global se nutre de los recursos del sur, pero las consecuencias recaen sobre las comunidades negras y empobrecidas”, señala.
Ejemplos abundan: la extracción de coltán en la República Democrática del Congo, las plantaciones de palma en Indonesia o el despojo de tierras en Panamá. En América Latina, pueblos indígenas y afrodescendientes son desplazados por megaproyectos turísticos o programas televisivos, como ocurrió con la comunidad garífuna en Honduras.
La artista Stephany Espinosa, coproductora del documental EnClave: Mar, Marasmo, Maravilla, advierte que este modelo económico “no es un error del sistema, sino su base fundacional”.
El cambio climático profundiza las desigualdades. En los últimos diez años, más personas han sido desplazadas por desastres naturales que por conflictos armados. Los fenómenos meteorológicos extremos se han triplicado en tres décadas.
Las Naciones Unidas estiman que desde el año 2000, más de 1.2 millones de personas han muerto y 4,200 millones han sido afectadas por sequías, inundaciones e incendios. Sin embargo, los impactos no se distribuyen por igual.
El 1% más rico del planeta genera el doble de emisiones de carbono que los 3,100 millones de personas más pobres. Estas últimas son las que primero enfrentan las consecuencias: pérdida de cosechas, hambre y desplazamiento. En muchas comunidades, las mujeres deben recorrer mayores distancias por agua y combustible, exponiéndose a violencia y explotación.
La experta Mamadou insiste en que “mientras no estemos representados en los espacios de poder, las decisiones seguirán tomadas desde el norte global”.
Para Espinosa, la solución reside en las comunidades locales, que históricamente han resistido al despojo y al extractivismo. Desde los pueblos cimarrones que escaparon de la esclavitud hasta las rebeliones indígenas en América Latina, la historia demuestra que hay alternativas.
Aunque las huellas del racismo ambiental son profundas, las resistencias colectivas muestran que otro futuro es posible. Construir economías que prioricen a las personas y al planeta no es solo urgente, es un acto de justicia.
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