La Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó este miércoles una ley que reformula el Código de Familia para prohibir de manera definitiva el matrimonio y la unión libre con personas menores de 18 años. La medida busca frenar una práctica histórica que ha puesto en riesgo los derechos de miles de niñas y adolescentes, muchas veces obligadas a casarse bajo presión familiar, social o económica.
La nueva ley responde a recomendaciones de organismos como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y elimina la excepción que permitía a menores de 18 años contraer matrimonio con autorización de padres, tutores o mediante orden judicial.
El texto aprobado establece que “la persona podrá constituir libremente matrimonio o unión libre, una vez cumplida la mayoría de edad”, fijada en los 18 años en Bolivia. Asimismo, especifica que cualquier matrimonio o unión libre entre menores “es nulo de pleno derecho y no puede convalidarse bajo ninguna circunstancia”.
“Con esta ley se busca garantizar que la niñez y adolescencia vivan plenamente esta etapa de su vida, sin ser forzadas a casarse por decisión de adultos o mediante orden judicial”, declaró la diputada Betty Yañiquez.
La medida fue ratificada por la Cámara de Diputados tras haber sido avalada por el Senado cuatro meses antes, y se espera que el presidente Luis Arce la promulgue en los próximos días.
El impacto de la ley es significativo: la Defensoría del Pueblo reveló en un informe que entre 2014 y 2023 se registraron 487 matrimonios de niñas de entre 12 y 15 años y más de 4.800 enlaces de adolescentes de 16 y 17 años, todos con consentimiento parental. Hasta ahora, el Código de Familia permitía matrimonios desde los 16 años con autorización escrita o incluso verbal de los tutores.
“La aprobación de esta norma atiende una preocupación histórica y da respuesta a los informes que mostraban la normalización del matrimonio infantil en Bolivia, muchas veces justificado como práctica cultural o como mecanismo para enfrentar la pobreza”, subrayó Bolivia Sánchez, jefa de la Unidad de Derechos Generacionales y Género de la Defensoría.
Por su parte, Mónica Bayá, asesora legal de la ONG Igualdad Ya, celebró la decisión al destacar que el Estado boliviano “finalmente reconoce el matrimonio infantil como una forma de violencia que vulnera los derechos de las niñas y adolescentes”.
La propuesta, impulsada por la senadora Virginia Velasco con el respaldo de organizaciones de derechos humanos y ONG, marca un cambio trascendental en la legislación boliviana. Con esta reforma, el país se alinea a estándares internacionales de protección de la infancia y adolescencia, y se compromete a erradicar una práctica que durante generaciones pasó inadvertida bajo el amparo de la ley.
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