Clara Brugada incumple promesa de enviar iniciativa de ley sobre Sistema de Cuidados

Entre septiembre de 2024 y abril de 2025 se han presentado en el Congreso de la Ciudad de México cinco iniciativas para legislar un sistema de cuidados para la capital que siguen pendientes de dictaminación, publicó Animal Político.  

Además, la jefa de gobierno, Clara Brugada, ha prometido en al menos dos ocasiones enviar su propia iniciativa al órgano legislativo, sin que hasta ahora haya cumplido. 

Apenas en los últimos días de marzo un tribunal colegiado resolvió, en respuesta a un amparo ciudadano, que existe una omisión legislativa del Congreso de la Ciudad de México al no haber cumplido hasta ahora la dictaminación de una ley de cuidados, como dispone la Constitución capitalina promulgada en 2017, que reconoce plenamente el derecho al cuidado.   

De las cinco iniciativas que no han discutido las y los legisladores locales, dos fueron presentadas por congresistas de Morena, una por Movimiento Ciudadano, una por el PAN y otra por el PRI, apenas el 1 de abril esa última.  

Mientras que el poder legislativo se ha quedado a la espera de la iniciativa que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, prometió enviar en octubre de 2024 y enero de 2025. 

Con el compromiso de impulsar 200 centros de cuidado y desarrollo infantil, 100 utopías y una revolución en los hogares, desde el 29 de octubre, durante un evento de lanzamiento de su Sistema Público de Cuidados, Brugada enfatizó la necesidad de abordar el tema legislativo, al sostener que “ninguna mujer es libre si las demás siguen atadas a la gran tarea de los cuidados”.

Una de las metas de su administración, aseguró, era que las mujeres tuvieran oportunidades para desarrollarse.  

Animal Político publicó a principios de marzo una serie de reportajes en los que se documenta que sin un sistema de cuidados la igualdad nunca será una realidad en México: 19.6 millones de mujeres no tienen un empleo formal por dedicarse al cuidado y el 80% de las personas jóvenes que están fuera del sector educativo y laboral son mujeres, la mayoría por labores de cuidado. Cuando llegan a acceder, están condicionadas a empleos precarios, en los que la brecha salarial persiste y es más amplia a mayor número de hijos.   

“Necesitamos una ley de cuidados, a nivel nacional y a nivel de esta ciudad. Para ello estamos trabajando en una propuesta legislativa que nos permita garantizar que este derecho que tenemos en la Constitución se traduzca en una propuesta que esté pensando qué atribuciones del Sistema Público de Cuidados le deberán tocar a la ciudad y qué atribuciones le deberán tocar a las alcaldías, así como también planes que nos permiten establecer el Sistema Público de Cuidados a corto, a mediano y largo plazo”, aseguró la jefa de gobierno. 

Prometió que la iniciativa también contemplaría la implementación de una red especializada y robusta de infraestructuras y servicios de cuidado, tanto en apoyos a la población directa como transformaciones al espacio público: atención a las infancias, ampliación de centros de cuidado y desarrollo infantil, cooperativas de personas cuidadoras, escuelas de tiempo completo, actividades y clases extraescolares. Pero durante los meses que restaron de 2024, la propuesta no llegó al Congreso.   

Sin embargo, durante su informe a 100 días de gobierno, el 26 de enero de este año en el Auditorio Nacional, Brugada volvió al tema, de nuevo con la misma promesa: “Vamos a reconocer el trabajo, que hoy es invisible, de las mujeres, mediante la desfeminización de las tareas del cuidado, haciendo público lo privado, ampliando el sistema público de cuidados que contará con 300 centros de cuidado y desarrollo infantil, 100 casas de día para personas adultas mayores, 100 centros de rehabilitación para personas con discapacidad, 100 centros de relajación y descanso para las Mujeres, 100 lavanderías y comedores populares”, aseguró. 

Después, reiteró que su administración concretará la urgente necesidad de hacer justicia para las mujeres, un objetivo que -reconoció- no solo avanzará a través de acciones concretas, sino también con la entrega pendiente de la iniciativa de Ley del Sistema Público de Cuidados para la ciudad.  

“Nos vamos a convertir en la primera entidad que haga justicia a las mujeres”. Más de dos meses después, la iniciativa y la justicia no han llegado. De hecho, antes llegó la determinación del poder judicial respecto a la omisión legislativa del Congreso.

Según el diagnóstico presentado hace casi seis meses durante el lanzamiento público del sistema de cuidados de la capital, en octubre de 2024, el porcentaje de contribución al PIB del trabajo no remunerado doméstico y de cuidados en la Ciudad de México en 2022 fue del 7.9% en el caso de las mujeres contra un 3.7 % de los hombres.  

Se estima, además, que casi 3 millones de personas tienen necesidades de cuidado en la ciudad. En tanto, dentro de la capital 1 millón 248 mil mujeres brindan cuidado en comparación con 660 mil hombres. Alrededor de un 40% de quienes cuidan tienen entre 18 y 40 años, mientras que un 50 % tiene más de 40 años y un 10% es menor de edad.  

En tanto, un 10% de las mujeres y 4% de los hombres que cuidan lo hacen por más de 50 horas a la semana. En promedio, cuando se trata de infancias de 0 a 6 años, las mujeres dedican 51 horas a su cuidado frente a 22 de los hombres. La mayor demanda de cuidado para infancias y adultos mayores está en las alcaldías periféricas, mientras que la infraestructura destinada a cuidados se concentra altamente en la zona céntrica. 

Las zonas prioritarias para ampliación de servicios de cuidado a personas adultas mayores en la capital, se aseguró entonces, están relacionadas con la mayor concentración de esta población, el menor índice de desarrollo social, la ausencia de servicios públicos dirigidos a ellos, y algunas colonias con gran concentración en las alcaldías Benito Juárez y Azcapotzalco. 

En cada oportunidad, Brugada ha insistido en el rol desigual asignado por la sociedad a las mujeres como cuidadoras, la barrera más importante para acabar con la desigualdad porque conduce a que trunquen sus estudios, no tengan ingresos formales o estables, y persista una distribución inequitativa que, reconoce, “ya no es sostenible”. 

“No podemos hablar de transformación si seguimos relegando estas tareas exclusivamente a las mujeres”, ha afirmado, pero la iniciativa de ley que cumpliría el mandato constitucional de la capital y que ella misma ha prometido para revalorar las tareas de los cuidados, reducir el tiempo que las mujeres les dedican y redistribuirlas entre hogares, Estado, empresas y comunidad -es decir, desfeminizarlas- sigue sin ser enviada al Congreso.

El 27 de marzo de 2024, un grupo de activistas, Silvana Carranza y dos colitigantes, Úrsula Martínez y Priscila Monge, promovió un juicio de amparo en contra de la omisión legislativa del Congreso de la Ciudad de México con la finalidad de que emitiera una Ley de Sistema de Cuidados para la capital. 

En este, argumentan que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México reconoció este derecho desde 2017 y la Constitución capitalina, promulgada el 5 de febrero de ese año, estableció en su artículo 9 la obligación de crear un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad.  

Además, en sus artículos transitorios se consignó la obligación del Congreso capitalino de emitir las leyes de los sistemas previstos en la legislación a más tardar el 31 de diciembre de 2023.  

A pesar de ello, para el momento en que se ingresó el amparo habían transcurridos varios meses sin que sucediera. El mandato constitucional, la fecha límite prevista, el hecho de que no existieran iniciativas dictaminadas, así como el argumento de que los programas y políticas públicas emprendidas no sustituyen o equivalen a la ley, terminaron por sustentar, tras un año de batalla legislativa, que el Congreso de la Ciudad de México ha sido omiso. 

En sesión pública el 27 de marzo de este año, el decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa decidió por unanimidad conceder el amparo al determinar que, efectivamente, existe una omisión legislativa, por lo que la resolución que reconoce por primera vez esa falla deberá ser notificada a las y los legisladores de la Ciudad de México con la finalidad de que cumplan con el mandato constitucional. 

Con información de Animal Político 

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