Beatriz vs El Salvador: el caso que podría cambiar el futuro del aborto en Latinoamérica

Beatriz fue una joven salvadoreña a quien el Estado le negó un aborto terapéutico oportuno. Aunque el embarazo fue eventualmente interrumpido, la criminalización absoluta del aborto en El Salvador derivó en una dilación de las autoridades de varios meses que impactó en la salud física y mental inmediata y mediata de Beatriz.  

Estas secuelas impidieron que Beatriz pudiera sobrevivir a una eventual enfermedad respiratoria que no tendría por qué haber sido letal.

Amnistía Internacional acompañó a Beatriz en vida. Su historia fue la primera en la que nuestro movimiento se pronunció y actuó por la interrupción del embarazo como un derecho humano.  

Amnistía recolectó más de 94.000 firmas por la implementación de las medidas provisionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenaron la interrupción del embarazo; y organizó una campaña pidiendo presión a las autoridades salvadoreñas y mensajes de solidaridad con Beatriz. 

La familia de Beatriz, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador, IPAS Centroamérica y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional denunciaron al Estado salvadoreño ante el Sistema Interamericano. 

En su informe de fondo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial, y derecho a la salud y a la progresividad de los derechos establecidos en la Convención Americana.  

Asimismo, que es responsable por la vulneración de los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará que obliga a los Estados a prevenir y sancionar la violencia contra la mujer.

¿Por qué la sentencia de la CIDH puede ser un hito histórico del derecho al aborto en Latinoamérica? 

El caso avanzó hasta la CIDH, la cual fijó la audiencia para los días 22 y 23 de marzo de 2023. Así, la CIDH evaluará por vez primera la convencionalidad de la criminalización absoluta del aborto en la región. El fallo muy probablemente determinará medidas de reparación para la familia de Beatriz, y también medidas estructurales sobre el aborto en El Salvador que serán vinculantes para el Estado.  

A su vez, fijará estándares internacionales en la materia que serán aplicables para todos los países que suscribieron la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Frente a este proceso contencioso, las colitigantes y cientos de colectivas y redes de mujeres en la región han impulsado la campaña #JusticiaParaBeatriz, para solidarizarse con ella y su familia e incrementar la expectativa sobre el fallo. 

Amnistía Internacional apoya esta campaña como expresión de solidaridad frente a un caso (el de Beatriz y su familia) que ya acompañamos en su momento, y por su importancia para el derecho de las mujeres a decidir en las Américas.

Además, queremos hacer hincapié en el impacto de la prohibición absoluta del aborto en la región, e incrementar el costo reputacional del Estado salvadoreño frente a un posible desacato o dilación en el cumplimiento de una sentencia condenatoria en el caso Beatriz. Súmate en Twitter y ayúdanos a hacer presión. 

Foto: Reuters 

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