Hay cada vez más criminalización hacia mujeres que abortan en América Latina

Cada vez hay más mujeres judicializadas, o en su defecto más criminalización hacia las mujeres que abortan en diferentes países de América Latina, pues en Panamá son entre 15 días y 50 años de cárcel para las mujeres que abortan, señaló la abogada e investigadora Ximena Casas.  

“Una criminalización que es utilizada como una herramienta para “castigar” a las niñas, mujeres y personas gestantes que no desean continuar con su embarazo o que sufren una emergencia obstétrica; o “castigo” que, a criterio de la abogada no sólo se utiliza en países donde el aborto está totalmente penalizado, sino “también en países donde el aborto está permitido por alguna causal”. 

Advirtió que las mujeres no necesariamente son judicializadas por delitos de aborto, cuyas penas en la región no exceden los 8 años, sino que van a la cárcel por crímenes como infanticidio, homicidio agravado o asesinato, que eleva las sentencias hasta los 50 años. 

El ejemplo más claro de esa situación está en El Salvador, donde decenas de mujeres han enfrentado juicios o han ido a la cárcel tras sufrir abortos y emergencias obstétricas.  

Pero hoy en día, en Ecuador, Colombia o Argentina son algunos de los lugares donde se criminaliza el aborto, pese a que son países que en los últimos tres años han registrado avances legislativos o judiciales en materia de despenalización. 

El aborto voluntario está despenalizado en cinco países de América Latina y el Caribe; en Uruguay y en Argentina el aborto se legalizó hasta la semana 14 del embarazo; en Cuba y en algunos estados de México es legal hasta la semana 12; y Colombia en 2022 se puso a la vanguardia de la garantía de los derechos reproductivos tras una decisión de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24. 

Por su parte, en El Salvador, República Dominicana, Honduras y Nicaragua persiste una penalización absoluta de la interrupción del embarazo. 

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las leyes que criminalizan el aborto de forma absoluta tienen un impacto negativo sobre los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud y a los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y de discriminación.  

En Ecuador, por ejemplo, durante 10 años el 73% de esas mujeres que acudieron a una emergencia fueron judicializadas porque se rompió el secreto profesional. Mientras que en Colombia la cifra es del 56%. 

Después de que se les abra un proceso penal, dice la especialista, “entran a todo un patrón de vulneración a derechos humanos en donde a estas mujeres se les viola el debido proceso porque las pruebas que se obtienen no tienen el acervo probatorio necesario”. 

El coordinador de litigio de la organización AbortistasMX, Alex Alí Méndez Díaz, dice que mientras el aborto esté en los códigos penales la criminalización seguirá existiendo. 

La organización que representa publicará en los próximos días una investigación sobre la criminalización en México, pues tienen “esa sensación de que a pesar de los avances y de la despenalización continúa habiendo procesos penales en contra mujeres, incluso mujeres y adolescentes en la cárcel”. Han detectado procesos judiciales abiertos en todo el país. 

En los seis estados en donde Abortistas MX trabaja han identificado por lo menos seis carpetas de investigación por abortos. Es decir, seis mujeres en prisión por aborto con una sentencia condenatoria. Pero a medida que el aborto se va despenalizando en los territorios, la criminalización se hace efectiva por medio de otros delitos como el homicidio en relación de parentesco. 

La persistencia del delito en el código penal federal es lo que llevó hace unos meses a la organización GIRE ha presentar un amparo ante la Suprema Corte de Justicia, que el pasado 6 de septiembre despenalizó la interrupción del embarazo a nivel federal y ordenó al Congreso nacional que elimine el delito de la legislación federal. 

Con información de EFE 

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